Ecologistas en Acción da la bienvenida a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de aprobar la orden que modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, incluyendo al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). La organización ecologista considera esta inclusión "un avance importante para la conservación de esta especie".

La Orden supone que el lobo ya no será una especie cinegética, que decaen automáticamente los planes y órdenes de control de lobos existentes y que los gobiernos autonómicos ya no podrán establecer cupos de lobos para ser eliminados.

Ecologistas en Acción destaca que con esta protección," la persecución del lobo pasa a ser un delito tipificado en el artículo 334 Código Penal, con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho de cazar o pescar de dos a cuatro años. Aquellas personas que cacen lobos a partir de este momento serán perseguidas y castigadas con mucha más dureza".

Pese a que tanto la normativa europea como la española regulan los controles de lobos, para Ecologistas en Acción estos controles "son perjudiciales e inaceptables, ya que se ha demostrado que no reducen los ataques del lobo al ganado. Estando la población ibérica del lobo en un estado de conservación “desfavorable” no se justifica la realización de controles".

Los ecologistas que, además de la inclusión del lobo en el Lespre, "se deben adoptar medidas para asegurar el adecuado estado de conservación del lobo, potenciando la coexistencia entre el lobo y la ganadería tomando medidas preventivas para reducir los ataques, persiguiendo la caza ilegal, potenciando la expansión del lobo, especialmente hacia el este peninsular, facilitando así el intercambio genético con los lobos italianos, y logrando un adecuado estado de conservación de la población ibérica del lobo".

Ecologistas en Acción considera que las administraciones regionales, especialmente las de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, "deben dejar de alimentar artificialmente el conflicto social entre el lobo y ganaderas y ganaderos, asumiendo la nueva situación legal del lobo, y deben adoptar medidas de apoyo a la ganadería extensiva para solucionar los muchos problemas a los que se enfrentan, como son el precio de sus productos, una inadecuada PAC y la falta de apoyo de las administraciones. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe hacer cumplir la orden y el Seprona debe intensificar sus esfuerzos contra la caza ilegal de lobos, incrementando la vigilancia y la investigación de cada lobo que aparezca muerto".

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