Después de todo un verano de polémicas en torno al vaciado del embalse de Ricobayo para producir electricidad, los alcaldes de los municipios afectados, que habían solicitado una auditoría del impacto medioambiental para pedir compensaciones y revocar el contrato de concesión se han reunido esta tarde por primera vez con representantes de la empresa eléctrica Iberdrola.

Aunque son 19 los municipios afectados, acudieron a la reunión celebrada en Palacios del Pan seis alcaldes en representación de los demás: el de San Cebrián de Castro, Javier Aguado; el de Muelas del Pan, Luis Alberto Miguel; el de Carbajales de Alba, Roberto Fuentes; el de San Pedro de la Nave-Almendra, Braulio Prieto; el de Andavías, Antonio Iglesias, y la alcaldesa anfitriona, Lidia Pechero.

Del otro lado de la mesa, el delegado institucional de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, y Ramón Delpuy, de al dirección hidráulica del Sistema del Duero de Iberdrola.

La iniciativa de reunirse partió de la propia empresa hidroeléctrica, y los alcaldes agradecen su buena disposición para el diálogo. Miguel Calvo explicó el contrato de concesión que tiene Iberdrola, "que se ha cumplido en todo momento". El delegado institucional de Iberdrola insistió en que "Ricobayo ha cumplido con su función en el momento más necesario: producir energía para el suministro de la demanda y desplazar a las tecnologías más caras en la conformación del precio de la electricidad, siempre en contacto y coordinación con las autoridades competentes”.

Los alcaldes, por su parte, se mantienen en el manifiesto que redactaron a finales del mes de julio, tras una reunión de los 19 municipios en la Diputación de Zamora. Exigen que Ricobayo deje de ser un embalse regulador, que se mantenga durante todo el verano un caudal mínimo del 70%, e insisten en la necesidad de llevar a cabo una auditoría del impacto ambiental del vaciado ocurrido este verano. "Ellos dicen que tienen a muy buenos profesionales trabajando en esta materia, y que no hay ningún efecto negativo para el medio ambiente, como nosotros no nos lo creemos, solicitaremos esa auditoría, creemos que hay un impacto sobre la avifauna y si la autitoría lo demuestra pediremos la revocación del contrato de explotación", declaró Javier Aguado, alcalde de San Cebrián, al término de la reunión.

Por último, los alcaldes recordaron a los responsables de la eléctrica la deuda histórica de Iberdrola con Zamora y Salamanca, donde se han anegado riberas y pueblos enteros para producir energía hidroeléctrica. Por eso, los municipios del embalse del Esla han pedido a Iberdrola que, a través del Gobierno, ponga en marcha un PERTE en este territorio para fabricar la pila de hidrógeno verde. Un PERTE es un Proyecto Estratégico para la Transformación y Recuperación Económica, uno de los instrumentos creados por el Gobierno de Pedro Sánchez para repartir el dinero de los fondos europeos, en este caso a grandes empresas que lideren en España nuevos proyectos encaminados a la reactivación de la economía y a la mejora del medio ambiente. Iberdrola ya ha puesto un PERTE en marcha, junto con SEAT y Volkswagen, para la fabricación de baterías para coches eléctricos en Navarra y Cataluña.

Uno de los seis planes estratégicos que pretende impulsar el Gobierno con los fondos europeos es el de la pila verde, y los alcaldes del Esla creen que "se debería de poner en Zamora con el apoyo de Salamanca" para contribuir a asentar población y para compensar a estas provincias por la gran cantidad de embalses que albergan. Se trasladará esta petición al Gobierno, y a la Junta de Castilla y León.