La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha admitido a trámite una petición relativa a los Saltos del Duero registrada por el ciudadano Luis Rodríguez San León –senador durante la legislatura constituyente– y la ha remitido a los portavoces de todos los grupos parlamentarios para que consideren si quieren emprender algún tipo de iniciativa al respecto. El escrito también ha sido remitido a la Junta de Castilla y León.
En la petición registrada por Rodríguez San León, y firmada por Pilar Calvo Fernando, Luis de Nicolás de la Torre y María Soledad Gómez Silva animan a las Cortes de Castilla y León a instar al Consejo de Ministros a revertir la concesión de los Saltos del Duero, en manos de la empresa Iberdrola.
La intención última de esta petición es que la generación de energía eléctrica redunde en beneficio de la comunidad de Castilla y León, y más concretamente en los territorios de Zamora y Salamanca donde se encuentran los embalses.
Proponen que las presas reviertan primero al Estado español, en cumplimiento al acuerdo de concesión de 1926 entre el Estado y la sociedad Saltos del Duero –actualmente Iberdrola–, “bien por la finalización del contrato”, que se firmó para un periodo de 75 años desde que comenzara la producción eléctrica de cada salto, “bien por el incumplimiento de las condiciones de la concesión por parte de la empresa”.
Entre los incumplimientos que habría cometido Iberdrola, está el hecho de que la empresa no ha costeado la construcción y el mantenimiento de determinadas carreteras y puentes que conecten ambas orillas de los embalses para sustituir los puentes y caminos anegados. El puente de la Estrella y el puente de Manzanal del Barco, en el embalse de Ricobayo, han sido construidos con dinero público, y la empresa tampoco ha abierto una carretera entre Castro de Alcañices y Villardiegua de la Ribera por el Salto de Castro.
Una vez que las infraestructuras estén en manos del Estado, las Cortes regionales deberían exigir , propone esta petición, el traspaso de las competencias sobre los Saltos del Duero a la Junta de Castilla y León, o en su defecto sacarlas de nuevo a concurso con la obligación de que la sede social de la empresa que explote cada central hidroeléctrica se ubique en la provincia de cada embalse, o sea Zamora y Salamanca en cada caso, con el fin de asentar población en dichas provincias. Además, el contrato debería incluir la cesión gratuita de electricidad a los municipios afectados por los embalses, y que se amplíe el canon energético que reciben anualmente los ayuntamientos con centrales hidroeléctrica.
Ahora, los firmantes de la petición han solicitado a los diversos grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León reuniones para transmitirles los motivos de la petición y ampliar sus fundamentos jurídicos y económicos.
Argumentan que Iberdrola no paga ninguna compensación al Estado ni a la Junta de Castilla y León por la concesión de estos saltos, los explotan gratuitamente, y el canon que abonan a los ayuntamientos es “irrisorio”, y que además “los impuestos que paga esta empresa se abonan a la Hacienda vasca, que es independiente” de la Hacienda española a través del concierto económico entre la comunidad autónoma vasca y la Administración General del Estado. “El presupuesto del Gobierno vasco para el año 2021 es de 12.500 millones de euros, de los cuales Iberdrola aporta 2.500 millones de euros anuales, más 4.000 millones de euros en compras a empresas vascas, y otros 1.200 millones de euros vía IRPF por el reparto de dividendos a los accionistas”, aseguran. Sin embargo, a Castilla y León esta misma empresa “aporta 650 millones de euros, de los cuales ni un céntimo sale de los saltos del Duero, sino que son por fotovoltaicas y eólicas”.
Por último, “de acuerdo con la concesión de 1927, se debe contratar para trabajar en las centrales hidroeléctricas a personas de la zona, e Iberdrola tampoco cumple dicha condición”, recuerdan.
