La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, negó este miércoles que la compañía se beneficie de haber vaciado los embalses (como el de Ricobayo en Zamora) para producir electricidad este verano y defendió que dicha actuación en lugar de provocar una subida del precio ayuda a que no sean tan altos.
Así se defendió Santamaría en el VI Foro de la Energía organizado por ‘El Economista’, donde fue preguntada por las críticas de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por su “falta de empatía” al vaciar varios embalses en España, entre ellos el de Ricobayo, en Zamora.
La actuación ha sido “la habitual y normal”
Según la responsable de Iberdrola España, la actuación de la compañía en los últimos meses ha sido “la habitual y normal”, ya que en invierno se acumulan reservas de agua y en verano se ponen a disposición del mercado para la producción hidráulica.
“No hemos cometido ninguna anomalía poniendo a disposición del sistema estas reservas energéticas”, aseguró Santamaría, quien defendió también que la compañía ha respetado todos los límites y obligaciones concesionales, además de controlar el impacto en la calidad de las aguas.
Además, destacó que si no se hubiera producido esta electricidad con tecnología hidroeléctrica, las emisiones de CO2 se habrían incrementado en 1,6 millones de toneladas y “el precio hubiera sido seguramente unos euros más alto”.
"Hemos actuado como teníamos que actuar"
“Ha sido todo lo contrario. Hemos actuado como teníamos que actuar porque no era una opción”, sentenció Santamaría, quien aseguró que la compañía prestará su “total disposición” a cualquier investigación que se pueda realizar.
Por otro lado, en referencia al alto precio de la electricidad, indicó que “es necesario y urgente” revisar la tarifa regulada, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), para evitar que los hogares estén sometidos a la volatibilidad del mercado mayorista, así como revisar la fiscalidad y los cargos incluidos en la factura.
En todo caso, advirtió de que “cualquier modificación normativa o regulatoria requiere un buen hacer ortodoxo y con seguridad jurídica ante la necesidad de inversión masiva que debemos acometer en la próxima década para llegar a los objetivos de descarbonización”.
