Los pueblos de Ricobayo piden una auditoría independiente del vaciado del embalse

La auditoría, solicitada por Javier Aguado (alcalde de San Cebrián de Castro) en nombre de todos los municipios debería de ser externa y realizarse conforme a los criterios europeos de auditorías medioambientales. Asimismo, piden que se agilice en el tiempo, y que sus resultados en caso de ser desfavorables “puedan implicar una rescisión de los contratos de concesión por incumplimiento de toda la normativa medioambiental”.

El informe también debería servir, si se certifican los daños medioambientales, para exigir a la empresa que explota el embalse compensaciones por los daños y perjuicios causados en el territorio de estos municipios y en la economía de sus habitantes.

Además, Aguado, como vicepresidente tercero de la Federación de Asociaciones y Municipios Afectados por Centrales y Embalses, presentará a la Junta Directiva de este organismo la posibilidad de solicitar este sistema de auditorías medioambientales para todos los embalses de España que hayan pasado por situaciones similares.

En el caso de Ricobayo, señala la petición, el vaciado ha afectado a más de 5.600 hectáreas de terreno, en las que se ha generado “una degradación brutal del territorio y de todo su hábitat, con perjuicios desmedidos para los ecosistemas acuáticos y terrestres”.

Por otro lado, argumentan que el vaciado ha supuesto “un incumplimiento descarado de toda la legislación y demás instrumentos de la UE en materia de cambio climático, medio ambiente y sostenibilidad”, por lo que, si no se pone freno a estas prácticas, “el cambio climático y la degradación del medio ambiente seguirán siendo amenazas existenciales a las que se enfrentan Europa y el resto del mundo”.

Por último, los municipios del embalse de Ricobayo señalan que estas prácticas de vaciado de impacto “sólo obedecen a intereses económicos, y por lo tanto se pueden corregir”. Recuerdan que los titulares de instalaciones hidroeléctricas con grandes embalses, beneficiándose de las reglas del mercado de la electricidad y el sistema marginalista, aprovechan la gran cantidad de agua embalsada para vender su electricidad a precio de ciclo combinado (gas), lo cual es una maniobra a priori legal con unos grandes beneficios para las eléctricas. “Venden agua que no les cuesta nada, y obtienen beneficios como si fuera gas, cuando el gas sí tiene que pagar los derechos de emisión de CO2 además de que hay poca oferta, y por eso sube el precio del gas”.

El Gobierno legislará para regular la producción hidroeléctrica “mes a mes”

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico trabajará para fijar cuotas mínimas en los embalses que producen energía hidroeléctrica, una medida que quieren tomar con carácter inmediato, según confirmaba ayer la ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera, en una entrevista en eldiario.es. Según declaró la ministra, se estudiará fijar “una especie de caudal ecológico” para todos los embalses, un requisito que sí está contemplado en los contratos de explotación de algunas centrales hidroeléctricas, “pero muchos no”.

Además, pretenden regular la producción hidroeléctrica mes a mes, “que no haya posibilidad de turbinar todo el agua que me parezca cuando mejor me parezca”. El objetivo del ministerio sería asegurar la calidad del agua en el embalse y evitar que se generen procesos de eutrofización que perjudican a los peces, y evitar perjuicios en el paisaje y en otros usos recreativos “que no forman parte de concesiones de agua, pero son importantes para el entorno”.

En la misma entrevista, Ribera se volvió a pronunciar sobre el vaciado de embalses como el de Ricobayo, “es tremendo” y señaló los riesgos “de todo tipo” que este tipo de prácticas conllevan en verano, riesgo “medioambiental, para el ecosistema fluvial, de impacto social”. Asimismo, incidió en que el vaciado de los embalses en un corto periodo de tiempo es un ejemplo de “mala gestión” que representa que “ese agua se contemple solo como un bien económico que se turbina cuando se desea y ya está”.

IU pretende que la Diputación requiera las indemizaciones

El Grupo de Izquierda Unida en la Diputación de Zamora ha registrado una moción para su debate y votación en el próximo pleno para que la institución provincial inste al Gobierno a que estudie las obligaciones de Iberdrola para mantener el caudal ecológico en el embalse de Ricobayo y los perjuicios causados a la población de los municipios ribereños pro el vaciado producido este verano, con el objetivo de establecer compensaciones económicas por los perjuicios causados a ayuntamientos, empresas y particulares, a costa de quien competa: empresa o Administración.

Asimismo, quieren instar al Gobierno a que en el desarrollo normativo contemple la singularidad de los municipios afectados por embalses con el fin de compensar a estas “zonas cedentes” y reconocer su capacidad institucional de gestión del propio terreno.

Igualmente, pretenden que se inste al Ministerio para la Transición Ecológica a que haga efectiva la resolución de las concesiones administrativas de las centrales hidroeléctricas que hayan cedido los 75 años, recuperando la gestión pública y modificando las disposiciones legales que garanticen la reversión de beneficios a los ayuntamientos. Asimismo, abogan por que el nuevo modelo de gestión de las hidroeléctricas garantice una tributación municipal justa que compense a los ayuntamientos afectados.

Por último, defienden adaptar los saltos hidroeléctricos a lo establecido en los planes hidrológicos y en la Directiva Marco Europea de Agua, para garantizar el abastecimiento de la población y el caudal ecológico.