La derogación de la ordenanza apícola del municipio de Robleda-Cervantes, en sesión plenaria, pone en evidencia los problemas de los ayuntamientos de la comarca para ordenar y controlar el asentamiento de colmenas trashumantes y evitar conflictos entre apicultores estantes y temporales. El Seprona realiza estos días inspecciones en los colmenares de diferentes municipios de la comarca, mientras aumentan las denuncias de los apicultores locales contra determinadas explotaciones trashumantes por el incumplimiento de las distancias entre los distintos asentamientos.

En el Ayuntamiento de Robleda están comunicadas y presentadas hasta la fecha 11 solicitudes de asentamientos, cuatro de ellos con cien colmenas cada uno, y la media ronda los 90. Parte de esas colmenas ya estaban instaladas una semana antes de que se presentara la solicitud y la declaración responsable. La Sección Agraria Comarcal (SAC) tiene que emitir informe favorable o desfavorable a la solicitud.

El Ayuntamiento, por su parte, tiene también que informar de la existencia en la zona de otros asentamientos, especialmente apicultores estantes. El Ayuntamiento cuestiona que “¿De qué vale que los ayuntamientos envíen la documentación al SAC, lleven el archivo correspondiente de las guías para el traslado, tengan un control sobre colmenas instaladas en el municipio, etc…?”. La normativa comunitaria es clara en este sentido: “con carácter previo a su asentamiento, el titular de la explotación apícola deberá, según proceda, obtener licencia Ambiental o comunicar su actividad al ayuntamiento”.

Ayuntamientos como el de Robleda-Cervantes enumera situaciones que se han dado, desde llenar las cunetas de piedra para facilitar el acceso, cementar cauces de agua, talar árboles en los caminos o circular por terrenos particulares para poder acceder a las fincas con los camiones. “No son todos, pero muchos lo hacen”, matizan fuentes municipales.

Los apicultores trashumantes han recurrido las ordenanzas de todos los ayuntamientos y la tasa, incluido Robleda-Cervantes, alegando que no tienen competencias en la materia y por tanto no pueden aplicar el cobro de una tasa. Los ayuntamientos no reciben ninguna compensación económica, y es más, al Ayuntamiento de Robleda le ha costado el procedimiento una indemnización de 100 euros a cada apicultor, 1.000 euros en total, por “buena fe” para evitar un procedimiento que se ha paralizado por “silencio administrativo” en el que ha incurrido la Administración local.

Desde la Alcaldía inciden en que “ni los ayuntamientos ni los apicultores estantes están en contra de los trashumantes, pero hay normas y reglas que el sentido común aconseja que se deben cumplir”. Una tasa que sí consta en los ayuntamientos que están obligados a pagar es a Confederación Hidrográfica del Duero por la distancia a los cursos de agua inventariados en la cuenca.

El grueso de las denuncias recogen el incumplimiento de las distancias de pecoreo reconocidas a los diferentes asentamientos trashumantes en relación con las explotaciones estantes. Uno de los apicultores que ha denunciado esta situación calcula que en un perímetro de 2.000 metros hay unas 2.000 colmenas, incumpliendo la distancia.

En 1994, cuando comenzó con las colmenas movilistas, tenía unas 500. Desde el año 1998 ha ido en descenso y en estos momentos tiene poco más de 200, cuando tiene una explotación autorizada con más de un millar.

El denunciante no achaca la mortandad a las enfermedades o la depredación de otros animales, sospecha de los “osos”, pero de dos piernas”, porque “no me explico que en un día se mueran 30 o 35 colmenas si se les han hecho los tratamientos para las enfermedades, ni que un tejón con las manitas que tiene tire y rompa los cuadros”.

El área de pecoreo para un asentamiento de entre 26 y 50 colmenas de una explotación estante tendrá un radio de 750 metros, como recoge la normativa, y de 1.000 metros de radio para un asentamiento estante de más de 50 colmenas. Tales distancias se podrán modificar si hay acuerdo –difícil– entre los apicultores.