El consejero de Agricultura y Ganadería, Jesús Julio Carnero, que se ha incorporado a sus funciones tras su baja por coronavirus, presidió ayer el Consejo Agrario Regional de Castilla y León en el que informó de la posición de la Junta de Castilla y León sobre la nueva PAC.
Más tarde, Carnero participó en el Consejo Consultivo de Política Agrícola Común, presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con la participación del resto de consejeros de Agricultura de todas las comunidades autónomas. Este encuentro es el preparatorio para el Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebrará los días 28 y 29 de junio, último de la presidencia portuguesa, que se espera con expectación porque se debería cerrar la nueva PAC.
Tras el fracasado Consejo de mayo, Castilla y León pide a las instituciones europeas un esfuerzo constructivo para cerrar la normativa que regulará la nueva PAC, especialmente a los dos colegisladores, al Consejo y al Parlamento Europeo. “No podemos mantener a nuestros agricultores y ganaderos con tantas incertidumbres, sin avanzar y con tiranteces en posiciones que marcan diferencias inútiles y no constructivas. Es necesario acercar las posturas y en eso la Comisión Europea debe jugar su papel de mediador, como lo ha hecho en otras reformas”, ha indicado el consejero.
El retraso en la aprobación de la normativa europea ha llevado ya a un periodo de transición para los años 2021 y 2022, para dar seguridad jurídica a los agricultores en este impasse con el objetivo de poder aplicar la nueva normativa a partir de 2023 con una duración hasta 2027.
España y Castilla y León se juegan la financiación más importante de fondos europeos destinados al sector agroalimentario y para el desarrollo rural, 5.000 y 1.000 millones de euros al año, respectivamente. En esta nueva PAC será necesario planificar todas las actuaciones en el denominado Plan Estratégico de la PAC, donde se incluirán las ayudas directas y las intervenciones territoriales que sustituirán a los actuales Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas.
Los objetivos serían cerrar el acuerdo europeo en este Consejo de finales de junio, llegar a un acuerdo entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura en la aplicación de la PAC en España, que dependerá del acuerdo europeo adoptado, y presentar formalmente a la Comisión Europea el Plan Estratégico Nacional a finales de este año. Eso permitiría desarrollar a lo largo de 2022 la normativa específica tanto del Estado como de las comunidades para conseguir aplicar la nueva PAC a partir del 1 de enero de 2023. De no llegar a un Acuerdo europeo en junio, se pone en riesgo este calendario, se retrasaría la nueva PAC y habría que trabajar otra vez en dar seguridad jurídica con normas específicas para cubrir ese retraso.
La nueva arquitectura medioambiental, más ambiciosa, es la principal fuente de diferencias entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Tres son los conceptos que se manejan: condicionalidad reforzada, ecoesquemas e intervenciones territoriales del segundo pilar que contribuyan a la ambición medioambiental.
En primer lugar la ‘condicionalidad reforzada’ o requisitos mínimos para percibir el pago básico que tendrán los agricultores y ganaderos. El consejero, sobre este asunto, ha resaltado que “la exigencia de la rotación de cultivos debería sustituirse por la diversificación de cultivos para evitar que la práctica agronómica se convierta en una práctica burocrática. Los sistemas productivos tienen que adaptarse anualmente a las condiciones agroclimáticas y lo importante es que se utilicen varios cultivos en la explotación”.
Respecto a los ‘ecoesquemas’, nueva intervención en el primer pilar que tendrán un pago añadido por aplicar prácticas agrarias con mayor ambición ambiental y que superan por tanto la condicionalidad, el consejero ha instado a las instituciones a la aplicación flexible de estas prácticas para que puedan tener una mayor penetración en los agricultores y ganaderos. Sería preferible reducir el porcentaje destinado a estas medidas, de hecho Castilla y León ha reivindicado no superar el 20% de los pagos directos al año en este nuevo periodo de programación. No obstante, en aras a llegar a un acuerdo, si finalmente el 25% es el valor de consenso, es imprescindible que se flexibilice su aplicación y que revierta la financiación no utilizada al pago básico.
Finalmente, la ‘contribución medioambiental del segundo pilar’, es el tercer aspecto en cuestión. “Realmente aquí las posturas están muy cercanas”, ha indicado el consejero, “puesto que se debate que estas medidas contribuyan entre un 35 o un 37% del gasto del segundo pilar. Para Castilla y León no es tanto que sea uno u otro, es más importante que computen para alcanzar ese porcentaje medidas como las ayudas a las zonas con limitaciones naturales, y a ser posible al 100%, las propuestas están ahora entre el 60 y el 40%”.
