El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, reiteraba ayer la intención de “acudir a los tribunales, como última opción, con el objetivo de salvaguardar la pervivencia del medio rural ante la nueva normativa del lobo”. Así se refirió desde la provincia de León, donde detalló la reunión mantenida con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que les trasladó que “el Gobierno de España mantiene la misma pretensión” de prohibir la caza del lobo.
Suárez-Quiñones incidió en “el daño al medio rural de una decisión que se justifica por razones ideológicas y culturales que no pueden estar por encima de la pervivencia de los pueblos del área rural”. De hecho, precisa que la propia Ribera le confirmó que “darán traslado al Consejo de Gobierno de esta decisión” y, por este motivo, sus homólogos de Galicia, Principado de Asturias y Cantabria “se reunieron después para acordar llevar a cabo lo previsto”.
En este sentido, avanzó que estas cuatro Comunidades con mayor presencia de la especie “desarrollarán un censo del lobo” y añadió que “se realizará un texto alternativo ya que lo que entienden necesario es la modificación de la estrategia nacional de 2005”.
Suárez-Quiñones apeló a “una conferencia sectorial extraordinaria en la que se pronuncie el ministerio”, pero ha sentenciado que cree que “la nueva normativa irá al BOE pese a que tratan de revestirla ahora de forma chapucera”.
El consejero de Medio Ambiente defendió la decisión de la Junta de permitir la caza de cuatro lobos ya que, a su juicio, “se mantiene de momento la misma normativa y la caza sigue existiendo”.
