El Ayuntamiento de Galende, que preside José Manuel Prieto Ramos, ha sacado a licitación el contrato para que una empresa privada regule el estacionamiento en los aparcamientos de las playas del Lago de Sanabria durante los próximos tres veranos.
El presupuesto de licitación asciende a 166.641 euros (137.724 euros más IVA) y el plazo de ejecución es los meses de julio y agosto de 2021, 2022 y 2023, sin prórroga. El plazo para presentar ofertas finaliza el 26 de junio, y el ayuntamiento deberá agilizar la adjudicación y la firma del contrato para que la ganadora del concurso comience a prestar el servicio el lunes 5 de julio.
El contrato obligará a la empresa adjudicataria a emplear hasta ocho personas en los días de máxima afluencia (un inspector y siete auxiliares controladores), aunque durante la mayor parte del verano el control del estacionamiento se llevará a cabo con cinco trabajadores (cuatro auxiliares controladores y un inspector).
Los aparcamientos que serán regulados son los de las playas de Custa Llago, Viquiella, Los Arenales y El Folgoso, desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde. El precio del ticket se mantendrá en un euro la hora (se puede pagar fraccionadamente), y el ticket de día completo costará seis euros.
El informe económico elaborado por el ayuntamiento sobre la regulación del estacionamiento en las playas desde 2015 refleja que en esos seis años se recaudaron 341.042,60 euros. La mayor recaudación se produjo en el verano de 2018, 61.493,50 euros. Una vez descontados todos los gastos, el Ayuntamiento calcula haber recibido unos ingresos netos de 74.335,96 euros. El mismo estudio estima que en 2021 la recaudación ascenderá a los 63.000 euros.
Asimismo, el pliego adjunta un informe elaborado por el destacamento de Benavente de la Guardia Civil de Tráfico que indica dos prácticas a corregir en la gestión del estacionamiento para no perjudicar la circulación por la carretera ZA-104, que en verano registra una intensidad de tráfico media-alta.
En el aparcamiento de la playa de Viquiella el personal de la ORA suele colocar una barrera metálica móvil en la entrada cuando no quedan plazas libres para evitar el acceso de nuevos vehículos. La Guardia Civil recuerda que fuera de los cascos urbanos, los ayuntamientos carecen de competencias para cortar una vía sin la autorización del titular de la carretera, en este caso la Junta de Castilla y León. Además, la barrera metálica perjudica a los vehículos que necesitan acceder a ese ramal, no para llegar hasta el parking sino para realizar un cambio de sentido. Por eso, el informe propone soluciones como sustituir la barrera metálica por señales informativas o por personal físico que informe a los conductores de que no quedan plazas libres.
En el aparcamiento de Custa Llago los vehículos estacionados, así como cierta señalización, invaden la plataforma viaria de la carretera ZA-104, según demuestra con fotografías la Guardia Civil en el citado informe. Los coches no respetan el arcén y en ocasiones invaden parte de los carriles de circulación. También han observado que se aparcan vehículos en dos filas, obligando a los que aparcan más cerca de la carretera a maniobrar sobre los carriles de circulación para entrar y salir.
La Benemérita insta a delimitar las plazas de aparcamiento fuera de la plataforma viaria de la carretera para evitar que se interrumpa la circulación.
