La Comisión Ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) acordó ayer sumarse, con los votos a favor de los representantes del PP, Ciudadanos y Por Ávila, y con la abstención del PSOE y UPL, a la carta abierta a toda la ciudadanía de apoyo a la gestión del lobo ibérico desde el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia.

Según informó la Federación en un comunicado, el documento ha sido suscrito por diez comunidades autónomas de España: Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Madrid, País Vasco, Murcia, Ciudad Autónoma de Ceuta y Andalucía y las principales organizaciones del país: Asaja, COAG y UPA y la Comunidad -Asaja, UPA, COAG y UCCL.

Mientras tanto, en las Cortes de Castilla y León el Grupo Socialista presentaba una enmienda al proyecto de ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León presentado por la Junta en la que los socialistas proponían que el lobo no figure en el anexo del listado de especies cinegéticas del proyecto, dado que entraría en contradicción con la protección a la especie a nivel nacional y crearía inseguridad jurídica a los cazadores

Horas más tarde, los socialistas anunciaban la retirada su enmienda por considerar que “no es correcto, al no haberse publicado la orden por el Miteco que protege al lobo en toda España, y no existe inseguridad jurídica”.

Entre sus 32 enmiendas al proyecto de ley, que se tramita en las Cortes, se planteaba sacar al lobo al norte del Duero del anexo I de especies cinegéticas por seguridad jurídica y en consonancia con el acuerdo en la Comisión de Patrimonio Natural entre Gobierno y comunidades. El portavoz socialista de Medio Ambiente, José Luis Vázquez, explicó a Ical que la enmienda citada se retirará hoy porque hay que esperar a la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lo que supone que el anexo recogido en el proyecto de ley autonómica, hasta que exista la normativa estatal de protección total de esta especie, no conlleva inseguridad jurídica.

La argumentación para la presentación de esa enmienda era que el proyecto de ley de la Junta es precedente a la decisión del Comité Técnico y al acuerdo de Gobierno y comunidades en la Comisión de Patrimonio Natural para que el lobo sea una especie de especial protección en todo el territorio nacional, lo que no daría seguridad jurídica a los cazadores.

No obstante, como precisó el parlamentario, ello no es así hasta que el Miteco publique la orden, cuyo proceso pasa aun por información pública y alegaciones.

Del grueso de enmiendas presentadas, resaltó la dirigida a la exposición de motivos en la que se censura lo que para el Grupo Socialista es “una gestión nefasta” de la actividad y recursos cinegéticos en estos años por parte de la Junta, ya que Vázquez recordó que, tras sentencias judiciales, no se podría cazar en la Comunidad de no ser por la proposición de ley aprobada a instancia de su grupo y en el último minuto antes de disolver las Cortes en abril de 2019.

La protección de los empleados públicos, como que “no se desprovea” a los celadores de los cotos de la condición de autoridad, la implicación de los ayuntamientos como entidades colaboradoras en la elaboración de censos y todo lo relacionado con la seguridad de la caza en caminos, vías agropecuarias, que no se pueda cazar con nieve o que no se permita cerca de núcleos de población son otras de las enmiendas.

Se trata de que la actividad sea sostenible y segura, explicó Vázquez, que añadió que sus propuestas están habladas con la Federación de Caza y los colectivos ecologistas y buscan un equilibrio y sentido común.