Las tres principales organizaciones agrarias de España han decidido unir sus fuerzas para mostrar su rechazo a la estrategia de conservación y protección del lobo que pretende impulsar el Gobierno, y han emitido un comunicado conjunto que firman el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato; el secretario general de COAG, Miguel Blanco y el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos en el que exigen “la apertura de un proceso participativo con especial relevancia de las Organizaciones Profesionales Agrarias, que elabore un plan estratégico del lobo en el que se presente cual es la situación poblacional del lobo en España, que integre medidas sobre la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva, medidas de control y gestión de la especie y de prevención y compensaciones de daños”.

Asaja, COAG y UPA han mostrado su más rotundo rechazo al actual documento de bases para la elaboración de una estrategia para la conservación y gestión del lobo en España. Las organizaciones agrarias solicitan su paralización inmediata “ya que entendemos que el proceso que debe abrirse es absolutamente contrario al que se propone y porque previamente no se ha retirado la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre) que es la alegación presentada por Asaja, COAG y UPA en el proceso de consulta de la Orden Ministerial que modificará el anexo del Real Decreto 139/2011”. Los sindicatos consideran que “antes que cambiar algo que parece que ha funcionado razonablemente, lo que corresponde, es la realización de un censo nacional de la población de lobos para conocer su número de manadas y su dispersión geográfica, así como el número de ataques a la ganadería, animales muertos y heridos en esos ataques, y con todos estos datos, evaluar la necesidad o no de elaborar un nuevo Plan”.

En el mismo comunicado, denuncian “la nula participación de los colectivos ganaderos, principales afectados por las poblaciones de lobos, en los foros, en los comités técnicos de seguimiento o en consultas para la implementación de medidas que van dirigidas y afectan al sector agrario”.

Las organizaciones agrarias justifican que “rechazamos estas bases porque en sí mismas son ya una estrategia que solo persigue la expansión del lobo por la geografía española y su conexión con lobos de Francia e Italia, sin tener en cuenta las consecuencias económicas, sociales y medioambientales para los ganaderos y la población del medio rural”.

Por lo tanto, los representantes de los ganaderos rechazan que “hombres y mujeres del campo y del medio rural queden supeditados y menospreciados por un planteamiento político que sitúa la expansión del lobo como el objetivo principal al que han de supeditarse todos los demás”. Creen que el Ministerio “olvida que la ganadería extensiva ha constituido tradicionalmente una actividad esencial para el mantenimiento del medio ambiente y de forma especial en las áreas de montaña”. El comunicado advierte que “el modelo sostenible ligado e integrado en el medio ambiente puede desaparecer provocando el abandono de explotaciones familiares, y el abandono del medio rural contribuyendo al grave problema de la España Vaciada, con el impacto social y económico que esto conlleva”.

En su lista de razones, Asaja, COAG y UPA expone que “rechazamos una valoración tan sesgada del conflicto que conlleva la coexistencia con el lobo, criminalizando la actuación del sector ganadero y sin reconocer que la problemática viene dada por la expansión geográfica del lobo y su exponencial incremento poblacional. Esta situación deriva en un incremento del número de ataques en las explotaciones ganaderas, sin que la Administración competente establezca medidas dirigidas a conseguir una rápida compensación y al inmediato control poblacional”.

Con este documento, “la Administración ha olvidado que los ataques de lobo no solo provocan importantes perjuicios económicos, una desestabilización de las producciones y del programa de producción y de cría, sino también, un importante y grave impacto emocional en el ganadero. Está claro que los daños y secuelas que quedan en una explotación ganadera tras sufrir un ataque de lobo no han sido contemplados y vuelve a ser el sector ganadero el que debe cargar con un determinado nivel de daños, pues no se menciona en ninguna parte el compromiso de la viabilidad económica de las explotaciones”.