Municipios afectados por embalses quieren participar de los beneficios que genera la explotación hidroeléctrica cuando se avecinan cambios en las concesiones. El primero en dar un paso ha sido el Ayuntamiento de Muelas del Pan (Ricobayo, Villaflor y Cerezal) que a propuesta de su alcalde, Luis Alberto Miguel, ha aprobado en pleno, por unanimidad, la defensa del “futuro de las concesiones hidroeléctricas en España y su contribución a los municipios donde están asentadas”. Alertan de que la pérdida de compensaciones puede ser una “sentencia de muerte para los pueblos”, como en el caso de Muelas ocurría con el Salto de Ricobayo en Alba, Aliste y Tierra del Pan.

Los principales aprovechamientos hidroeléctricos españoles se consrtruyeron en la primera parte del siglo XX y constituyen un importante y consolidado sistema de generación de energía altamente eficiente y de naturaleza renovable. Unánimemente los alcaldes defienden que “los impactos negativos no fueron ni analizados ni valorados en su momento, por lo que existe una deuda histórica de carácter social, medioambiental y económico con estos territorios que podemos calificar como zonas cedentes de un recurso natural, fundamental para el desarrollo de un país y que continúa siendo estratégico hoy día”.

El Ayuntamiento de Muelas asume íntegramente el manifiesto presentado en Madrid por la Asociación de Municipios Afectados por Centrales y Embalses de Producción Hidroeléctrica de Zamora con sede en Muelas del Pan y la Federación Española “Femembalses”. Otros ayuntamientos zamoranos seguirán la estela de Muelas. Solo en la comarca están afectados por el Salto de Ricobayo: Muelas, Carbajales, Manzanal, Santa Eufemia, Perilla, Vegalatrave, Losacino, Videmala, Moreruela y Faramontanos; por los del Duero: Fonfría, Villalcampo y Pino del Oro.

La concesión a la Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos, del Salto de Ricobayo, fue otorgada por Real Decreto del rey Alfonso XIII el 23 de agosto de 1926, con lo cual está a un lustro de cumplir los cien años. No obstante, las obras no se iniciaron hasta 1929 para terminar en 1934 y echar a andar en 1935.

Según lo aprobado por Muelas “las centrales hidroeléctricas, como generadoras de energía eléctrica, fueron parte indiscutible en la estrategia del desarrollo económico y social de nuestro país, jugando un rol importante en el progreso en todos los órdenes, en especial de las zonas más industrializadas, actuando como motor de su crecimiento económico, haciendo posible el acceso a muchos recursos que de otra manera seria imposible incorporar a la vida productiva de la sociedad”.

Pero a la vez defienden que “hay una vertiente de la generación hidroeléctrica que desde un primer momento fue la gran olvidada en este proceso de desarrollo e industrialización: el impacto medioambiental y socioeconómico que estas infraestructuras produjeron y siguen produciendo en territorios donde se implantaron. En general zonas rurales de toda España que se vieron inmersas en un proceso de abandono de toda actividad económica y en la consiguiente despoblación. En contraste está la riqueza y el progreso que procuraron en otras zonas del país, contribuyendo a primar el modelo urbano y de concentración demográfica en las urbes, en detrimento del modelo rural, sin olvidar el riesgo potencial que conllevan tanto presas de regulación como instalaciones de alta tensión”.

La opinión de los alcaldes

Las inversiones realizadas en aprovechamientos hidroeléctricos durante el pasado siglo XX responden al modelo de inversión y concesión de aguas, de tal forma que a cambio de las inversiones necesarias realizadas para la construcción de los distintos saltos hidroeléctricos, se les otorgaba a los promotores una concesión con una duración mínima de 75 años, sujeta ésta a la condición de que al finalizar el plazo las instalaciones revertirían al Estado.

Creen los alcaldes y concejales que de revertir al Estado y dar por finalizadas las concesiones, “los ayuntamientos dejarían de ingresar unas cantidades de dinero que son imprescindibles para la supervivencia de la mayoría de los municipios y pueblos que integran” ya que las Administraciones Públicas estarían exentas de abonar a los ayuntamientos el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) que sí pagan las empresas privadas.

Se insta por ello desde la comarca al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Confederación Hidrográfica del Duero a que garanticen simultáneamente un instrumento que asegure la tributación municipal y la reversión de beneficios a los ayuntamientos, “al menos, en la misma proporción que los convenios actuales vigentes”.

Así mismo se insta al Gobierno de España a que en el nuevo modelo de gestión y explotación de las infraestructuras hidroeléctricas que se implanten con motivo de la caducidad y extinción del período concesional, se garantice en todo momento la continuidad y efectividad de la tributación municipal. Es el caso de los impuestos consolidados hace años, ya sea Impuesto de Bienes Inmuebles-BICES, Impuestos de Actividades Económicas y otras tasas y cánones, “con escrupuloso respeto a los diferentes convenios que en su día las empresas concesionarias establecieron con los ayuntamientos afectados de nuestras comarcas”.

Los alcaldes reclama un marco jurídico estable y seguro que permita tras la caducidad de las concesiones, “el mantenimiento de la explotación de las centrales de producción de energía respetando los derechos de los propietarios, generalmente municipios, sobre sus bienes afectados por las instalaciones hidroeléctricas”.

Caducidad de la concesión

Defienden que en el caso de caducidad de concesión y que se explote nuevamente mediante el modelo concesional, hay que tener en cuenta que las inversiones ya están realizadas “y no existe por tanto una inversión amortizable a cambio del plazo de explotación de la concesión, como era en el caso de las concesiones iniciales. Con lo cual, los posibles márgenes de reserva de energía o participación en beneficios, pueden ser muy superiores a los contemplados en las concesiones del siglo XX”.

La experiencia en primeras concesiones caducadas en el Pirineo “nos habla de una serie de disfunciones en el proceso de reversión, con una enorme relevancia para las amplias zonas rurales afectadas”. Por eso reclaman “un porcentaje de dicha reserva de energía o beneficios de la central hidroeléctrica al territorio afectado por los aprovechamientos hidroeléctricos”.

Aliste, Tábara y Alba suman 4 hidroeléctricas siendo la primera y más importante el Salto de Ricobayo, construido en el río Esla entre 1929 y 1935 bajo la dirección del ingeniero José Orbegozo Gorostegui. El Salto de Castro, levantado entre 1946 y 1952 en el Duero, proyectado por Martínez Artola El Salto de Villalcampo, inaugurado el 17 de julio de 1949, dirigido por Martínez Artola y las obras duraron 1943 a 1949. El cuarto embalse de la comarca es “Esla II” en Santa Eulalia de Tábara, construido aguas abajo del Puente Quintos dentro del vaso del Salto de Ricobayo.

Instalaciones del embalse de Ricobayo Ch. S.

La pretensión final de los municipios alistanos, tabareses y albarinos no es otra que “exigir que a estos territorios afectados por embalses y centrales hidroeléctricas, en su mayoría zonas rurales, en clara regresión, tengan servicios, recursos y oportunidades comparables al medio urbano” .

Roberto Fuentes, alcalde de Carbajales de Alba, defiende que “los pueblos con terrenos anegados por las aguas embalsadas somos los grandes perjudicados. La aportación que se nos hace por los embalses es ya de por si ridícula y las inversiones cero. Por ello de justicia que los pueblos reciban lo que realmente le corresponde. Carbajales perdió bajo las aguas del embalse de Ricobayo nuestra vega más preciada y productiva en lo que da el río Aliste pues el retroceso de las aguas llega hasta Vegalatrave”.

Para Jesús Ángel Antón, alcalde de Pino del Oro, “las empresas hidroeléctricas siempre fueron las grandes beneficiadas y siguen enriqueciéndose con nuestros recursos naturales y el medio rural cada está más abandonado. Los saltos ya están construidos y por lo tanto cuando finalicen las concesiones no solo debe seguir tributándose a los ayuntamientos como hasta ahora sino incluso más pus las obras ya están amortizadas todas”.

Luis Alberto Miguel, alcalde de Muelas incide en que “las afecciones originadas por embalses y centrales hidroeléctricas se mantienen a lo largo de su vida útil, ya sea afección paisajístico alteración d la conectividad fluvial. Por tanto, la decisión de continuación del aprovechamiento como consecuencia de los principios incluidos en las estrategias de transición energética que promueven la generación de energía renovable no puede ser adoptada sin considerar la existencia de cargas que merecen ser compensadas de alguna manera”.

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Autoridades y vecinos coinciden en señalar que “los embalses seguirán ocupando terrenos y anegando los más productivos valles y por lo tanto los gestione la empresa hidroeléctrica o el Estado deberán seguir tributando a los ayuntamientos”.

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