La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, explicó ayer durante la sesión de control en el Senado que la inclusión de las poblaciones de lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial "mejorará la cohabitación de la especie con la ganadería". Ribera recordó que la ausencia de un marco general estatal provoca que al norte del Duero, salvo en Asturias, no haya actualmente regulación específica para asumir pagos indemnizatorios por responsabilidad patrimonial directa de las administraciones públicas
"La homogenización del régimen legal permitirá la coexistencia de la ganadería extensiva y el lobo, de gran importancia socioeconómica y ecosistémica, y evitará agravios entre ganaderos de distintas regiones". Ribera apuntó que su Ministerio trabaja junto con las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y todos los sectores implicados en una nueva estrategia de gestión y conservación del lobo
Incide la ministra en que la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial "supone la implicación de la Administración General del Estado en la financiación de la protección del lobo ibérico con el fin de mejorar su coexistencia con las actividades humanas que se desarrollan en los territorios en los que habita y evitar que sean los ganaderos quienes carguen únicamente con los costes de posibles daños". “Tanto para la prevención como para la compensación, debemos plantearnos un modo más eficaz y solidario, de forma que el coste que supone la convivencia del ganado con los grandes carnívoros sea asumido solidariamente por la sociedad y no tan solo por los ganaderos”, ha manifestado la vicepresidenta.
Regulación del lobo al norte del Duero
En este sentido, Ribera se refirió al efecto que la inclusión de las poblaciones de lobo en el Listado tendrá para mejorar la cohabitación de la especie con la ganadería. "Así, al estar protegido por normativa, se establecerá el derecho de todos los ganaderos a percibir indemnizaciones por pérdidas de ganado depredado en todos los territorios. Actualmente, eso no sucede en la mayoría de las regiones con lobo al norte del Duero, salvo en Asturias" apunta la nota emitida por el Ministerio de Transición Ecológica.
“Esta es la primera dificultad, cuando no existe un marco general estatal. Es paradójico que al norte del Duero no exista regulación específica para asumir pagos indemnizatorios por responsabilidad patrimonial directa de las administraciones públicas, al no estar protegida la especie”, ha recordado la vicepresidenta.
Durante su intervención, la ministra incidió en que los diferentes regímenes de protección que presentan las distintas Comunidades Autónomas "dificultan enormemente la gestión, además de generar desigualdades y agravios comparativos". Por eso, ha dicho, “la homogeneización del régimen legal del lobo en España constituye un avance que permitirá impulsar la gestión de esta especie”. En este sentido, Ribera recordó que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) trabaja junto con las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y todos los sectores implicados en una nueva estrategia de gestión y conservación del lobo, que luego deberá ser desarrollada por unos nuevos planes de gestión autonómicos, adaptados a la realidad de cada territorio.
“Este nuevo enfoque nos sitúa en una posición alienada con los países de nuestro entorno, ajustada a los informes científicos y en consonancia con los objetivos para combatir la pérdida de biodiversidad, sin duda, uno de los mayores retos que afronta nuestra sociedad”, ha señalado la vicepresidenta.
Posicionamiento de la ministra Ribera
Ribera ha puesto el ejemplo de países vecinos como Francia, donde se ha abogado por un modelo común en toda el área de presencia de la especie, generando seguridad jurídica y evitando agravios entre ganaderos de distintas zonas. Un enfoque que, además, aúna a las dos administraciones, la agraria y medioambiental, haciendo uso de fondos de la Política Agraria común, financiando medidas de protección del ganado, tanto en las zonas con presencia estable como en aquellas que pueden ser objeto de colonización, y abonando indemnizaciones por los daños.
Asimismo, el nuevo estatus legal del lobo permitirá habilitar nuevos mecanismos para impulsar la investigación y seguimiento de ejemplares en toda la población y conocer, con mayor precisión y transparencia, el impacto que produce el lobo en las distintas explotaciones, lo que a su vez servirá para impulsar ayudas para la protección del ganado y para la convivencia con grandes carnívoros, como el oso, buscando una armonización de la gestión de la población de lobos.
"La ganadería extensiva es una actividad de gran interés socioeconómico para el mundo rural y también una actividad de interés ambiental que debe protegerse y apoyarse: permite el aprovechamiento directo de los pastos como fuente de alimentación de ganado, contribuyendo al mantenimiento de la diversidad paisajística y genética y fomentando la dispersión y germinación de ciertas especies, ayuda al control de incendios forestales y a la regulación de la calidad del suelo y contribuye a fijar población en el territorio. Además, cuenta con la ventaja de tener una baja dependencia de insumos externos".
El lobo ibérico, por su parte, es una especie silvestre clave en el funcionamiento de los ecosistemas españoles, en los que juega un papel fundamental en el control de la densidad de sus presas naturales, a la vez que permite regular y reducir las abundancias de sus especies presa silvestres, como los jabalíes o los cérvidos, reduciendo su impacto sobre la vegetación natural y la prevalencia de enfermedades transmisibles.
