El Ministerio de Agricultura se ha comprometido a defender ante Europa a los criadores de ganado bravo en la negociación de la futura PAC, tal y como requería la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL).
Esta asociación mantuvo un encuentro con el ministro Luis Planas en el momento en el que en el Parlamento Europeo se debaten dos propuestas que implican la exclusión de todo tipo de ayudas europeas de las convocatorias “Feaga” y ‘”Feader”, así como las ayudas acopladas a agricultores y ganaderos cuyas actividades incluyan la cría de toros con destino espectáculos culturales.
La UCTL consideró que estos artículos de la futura PAC suponen una vulneración de los Tratados de Funcionamiento de la Unión Europea y de los Principios básicos del Derecho Comunitario porque discriminan a una raza autóctona exclusivamente por el destino de su producción y establece un precedente para otras producciones.
Ante esto, el ministro trasladó un mensaje de confianza y de compromiso con la ganadería autóctona de bravo como cualquier raza criada en régimen extensivo.
En la reunión se analizaron los impactos económicos y medio ambientales que tendrían la aplicación de las propuestas mencionadas, que según recogen los informes técnicos (jurídico, socio económico y medio ambiental) elaborados por la institución. En concreto, estimaron que superaría los 200 millones de euros, y pondría en riesgo decenas de miles de empleos en las zonas “más deprimidas” del ámbito rural.
Asimismo, el presidente, Antonio Bañuelos, entregó un ‘Manifiesto Europeo’ impulsado por Unión de Criadores de Toros de Lidia (España), Associaçao Portuguesa de Toiros de Lidie (Portugal) y Association des Éleveurs Français de Toros de Combat (Francia), en la que se expone como la “PAC verde” no puede vetar a la ganadería más sostenible.
Por otro lado, los ganaderos expresaron también al ministro la “dramática” situación que atraviesa el campo bravo, la inquietud respecto a la futura PAC, el problema de la protección del lobo para la ganadería extensiva y el reparto de los fondos de reconstrucción europeos ‘Next Generation’.
Desde octubre de 2020 la Unión de Criadores focalizó sus acciones en Bruselas para transmitir la irregularidad jurídica y el terrible impacto económico y medio ambiental que suponen las propuestas que ahora se debaten.
