El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Consejería de Agricultura y Ganadería a subsanar las deficiencias encontradas en la red de caminos de la concentración parcelaria de Almaraz de Duero, dando así respuesta a las reivindicaciones que el ayuntamiento que preside José Martín venía manifestando desde la finalización de las obras por parte de la Junta, en octubre de 2016.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, con sede en Valladolid, ha dado por bueno el informe pericial presentado por el ayuntamiento, según el cual se omitieron durante la ejecución de las obras 124 caños, que representan un 34% de los proyectados en el diseño que salió de la propia Consejería de Agricultura, lo cual “supone la acumulación de agua, el cruce de agua en superficie y la presencia de humedad excesiva en la explanada, afectando negativamente a la capacidad portante del firme”.

En consecuencia, el tribunal ha aceptado el recurso presentado por “Lozano y Doval Abogados” en nombre del Ayuntamiento de Almaraz, condena a la Junta de Castilla y León en costas, y la obliga a la subsanación y reparación de todas las deficiencias denunciadas en el informe pericial que acompaña a la demanda. “Ahora la Junta tiene que dar cumplimiento al fallo, el plazo que marca la ley es de dos a tres meses desde la notificación del mismo, entendemos que una obra de este calibre no se puede ejecutar en ese tiempo, pero sí estamos vigilando para que pongan sobre la mesa un proyecto y un presupuesto antes de que acabe ese plazo”, explica el abogado Ignacio Fernández Doval.

El proyecto inicial se remonta a 2015

El proyecto inicial de Agricultura, del año 2015, presupuestaba en 1.091.784 euros la construcción de una red viaria de 121,7 kilómetros en Almaraz de Duero. Tras las quejas por parte del ayuntamiento, que mantuvo dos reuniones con responsables de la Consejería, la Junta de Castilla y León elaboró otro proyecto de “adecuación” de los caminos de Almaraz con un presupuesto de 587.100 euros, y ejecutado entre los años 2017 y 2018. A pesar de ello, aún se observan importantes desviaciones respecto a lo diseñado inicialmente por la Junta de Castilla y León, sobre todo en lo que respecta a la omisión de numerosas obras de fábrica.

A pesar de estas diferencias respecto al proyecto, la inversión no se redujo en proporción: “No consta que el importe del presupuesto de la obra ejecutada se haya reducido en los términos que derivan de las obras no ejecutadas”, refleja el TSJ en su resolución, y añade que “resulta llamativo que para subsanar las deficiencias de un proyecto que debía comprender todas las obras necesarias para la adecuación de la red viaria, se haya tenido que ejecutar otro proyecto que supera el 50% del importe del proyecto inicial y las deficiencias continúan”.

Las diferencias entre el proyecto y la ejecución de la obra se deben, según el informe aportado por Agricultura en contestación a la demanda de Almaraz, a que el proyecto se redactó “partiendo de un modelo digital del terreno”. La ubicación de las obras de fábrica, por tanto, resultan en “una ubicación teórica aproximada, válida sobre todo a efectos presupuestarios, que se ratificará en el posterior replanteo en obra, que en este caso se antoja muy importante”.

La Junta alega falta de mantenimiento de los caminos

Además, la Junta argumentaba que “no se ha eliminado obra de fábrica alguna en intersecciones de caminos que no fuera superflua”, y defendían que todas las deficiencias que se presentan en los caminos se deben a la falta de mantenimiento, que corresponde al Ayuntamiento de Almaraz.

Sin embargo, la Administración Autonómica no pudo aportar la justificación de todas esas modificaciones que se hicieron tras el replanteo “in situ” de las obras de fábrica, ya que todas fueron “órdenes verbales” de la dirección facultativa. El TSJ cree que las deficiencias son consecuencia del “poco riguroso modus operandi” de Agricultura tanto en la redacción de los proyectos, en los que se parte de un modelo digital del terreno, sin realizar mediciones in situ, como en la ejecución, ya que “los supuestos cambios ordenados verbalmente no se han formalizado por escrito, como exige la Ley de Contratos del Sector público”.

El tribunal no duda que los caminos se ven afectados por estas deficiencias de diseño y ejecución que se intentaron corregir en el segundo proyecto, y por eso el examen de las deficiencias abarca ambos proyectos “íntimamente ligados”. La Junta no pudo acreditar ante el tribunal que se entregaron al Ayuntamiento de Almaraz las primeras obras. La entrega de la red viaria solo está acreditada en 2018, cuando Agricultura dio por finalizada la segunda intervención. Esa entrega de las obras al ayuntamiento ahora queda anulada por el fallo judicial y la Junta deberá subsanar las deficiencias en la red viaria que señala el informe pericial del ayuntamiento, tanto de las primeras obras como de las segundas.