El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a sus homólogos de Galicia, Asturias y Cantabria, pidió ayer la suspensión de la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre) en una reunión telemática mantenida por los representantes de las cuatro comunidades autónomas con la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

“Un encuentro intenso”, valoraba el consejero castellano y leonés tras finalizar la videollamada, en el que las cuatro comunidades loberas realizaron un ofrecimiento unánime al Ministerio para sentarse a “trabajar conjuntamente y con criterios científicos” en la evaluación y posible actualización de la estrategia nacional de la gestión y protección del lobo.

Unión de las cuatro autonomías con mayor población

Las cuatro autonomías que acogen en sus territorios más del 90% de la población de lobos piden que se les permita “liderar” ese trabajo al contar con la mayor información científica y el conocimiento necesarios para controlar de manera adecuada la especie y garantizar el equilibro en su convivencia con el sector ganadero y la actividad humana. Por eso, rogaron a la vicepresidenta Ribera que no adopte la decisión de publicar en el BOE la inclusión del lobo en el Lespre sin haber llegado antes al consenso necesario con las comunidades loberas sobre la estrategia.

“Es lo que teníamos que haber hecho desde el principio, sentarnos, las casas se empiezan por los cimientos y no por el tejado”, declaró el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León: “Hay una estrategia nacional de la gestión y protección del lobo del 2005, aprobada en conferencia sectorial del Ministerio con las Comunidades Autónomas, y ese es el presupuesto de cualquier medida que se tenga que tomar”.

En consecuencia, se ofreció la “colaboración leal” de las cuatro comunidades loberas “para liderar y trabajar conjuntamente y desde el punto de vista técnico en la actualización de esa estrategia nacional, y de esa actualización vendrán las medidas que haya que adoptar, sean la catalogación o la no catalogación”. Sin embargo, advirtió Suárez-Quiñones, “el consenso vendrá por suspender” de momento la inclusión del Lobo en el Lespre porque “no nos parece correcto desde el punto de vista político, jurídico y técnico”.

La propuesta del Ministerio, "un gravísimo error"

El consejero insistió en que “la propuesta del Ministerio supone un gravísimo error basado en el desconocimiento y el desprecio hacia la realidad cotidiana del lobo en aquellos territorios que tenemos que asumir el coste económico y social de una gestión que siempre busca el complejo equilibrio entre la conservación de una especie y la reducción de los daños que ocasiona”. No entiende que el Ministerio quiera “echar por tierra” el trabajo realizado por las comunidades loberas durante tantos años en la gestión de la viabilidad de las explotaciones ganaderas en zonas con presencia de lobo, sus efectos en el desarrollo rural y su contribución al despoblamiento, además de la conservación del lobo, sus hábitats y las demás especies amenazadas por esos cánidos.

Por último, el representante de la Comunidad aseguró que “ejercitaremos todas aquellas acciones que, en protección de Castilla y León, en protección de los intereses de nuestros ganaderos, de la población de nuestros pueblos, sean necesarias hasta llegar si es preciso a los tribunales para salvar algo tan importante para Castilla y León como es nuestra ganadería extensiva y nuestra población en el mundo rural”.

Disponibilidad de la vicepresidenta Ribera

Por su parte, la vicepresidenta Ribera recordó que en septiembre de 2020 en la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad “se acordó votar primero la catalogación de la especie para después trabajar en la estrategia de conservación y gestión del lobo”, y mostró su disponibilidad a seguir trabajando con las Comunidades Autónomas en la realización de un nuevo censo, la actualización de la estrategia de conservación y gestión del lobo, y el análisis de los diferentes procesos administrativos que afecten a la especie. Un trabajo conjunto en el que pretende incluir también a las organizaciones profesionales agrarias, las ONG, instituciones académicas y organizaciones de desarrollo rural.

En este sentido, Ribera defendió la necesidad de dotar al sector ganadero de “recursos suficientes y de un marco de seguridad jurídica que solo podemos conseguir con una estructura equiparable en toda las Comunidades Autónomas. La vicepresidenta defendió que “los ganaderos no pueden sostener sobre sus espaldas los costes de un patrimonio natural común, que en este caso es el lobo”.

La postura del Ministerio es que la homogeneización del estatus legal del lobo en toda España “contribuirá a superar muchos de los problemas que actualmente aquejan a la conservación y gestión de la especie, especialmente por la alta disparidad en los modelos de gestión desde las diferentes Comunidades Autónomas, la alta incidencia de daños y la conflictividad que existe en torno a la gestión de esta especie”.

Según la vicepresidenta, su ministerio y el de Agricultura “van de la mano” en este asunto y “trabajarán por reforzar el apoyo a la ganadería extensiva y la protección a la biodiversidad”.

Razones de la inclusión, según el Gobierno

Ribera también aprovechó la reunión telemática para detallar los motivos que han llevado al Gobierno a defender la inclusión del lobo en la lista de especies protegidas: “Se atiende al dictamen del comité científico que recomendó su proyección al considerar su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de esta especie en los ecosistemas naturales”. Defiende que el hecho de que su área abarque territorios de distintas comunidades hace necesario “un enfoque de actuación común”.

Horas antes de la reunión telemática con la responsable de Medio Ambiente, el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, participaba en la Conferencia Sectorial de Agricultura y aprovechó para instar al ministro Luis Planas a frenar la propuesta de Teresa Ribera por “atentar contra el desarrollo de la actividad ganadera del vacuno, ovino, caprino y equino”.

En cuanto al PSOE de Castilla y León, la vicesecretaria general Virginia Barcones reiteró ayer que la postura del partido es “la defensa de la ganadería extensiva y el equilibrio con la gestión del lobo” y recalcó la necesidad de “buscar un equilibrio entre la ganadería y la gestión del lobo desde el consenso”.

Te puede interesar:

Preocupación entre los veterinarios por el cierre de explotaciones

El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León ha emitido un comunicado en el que alerta de que la inclusión del lobo ibérico en el Lesprel “supondrá un importante impacto negativo para el sector ganadero extensivo y semi-extensivo de la Comunidad Autónoma, puesto que provocará un incremento en el número de daños a los ganaderos, principalmente de ovino y bovino”. Los veterinarios castellanos y leoneses recuerdan en este comunicado que durante el año 2020 los ataques superaron los 2.500, de los que más de 2.000 se produjeron al sur del Duero, donde la especie ya contaba con ese estatus de protección, “mientras que, al Norte, con una gestión sostenible basada en cupos apoyados en criterios científicos, los daños son mucho menores”. Estos daños “no solo generan un impacto directo en las ganaderías afectadas por la muerte de los animales por el lobo, sino otros indirectos vinculados al estrés post-traumático de los que sobreviven, que pueden suponer la aparición de enfermedades derivadas de la inmunosupresión provocada, así como problemas reproductivos vinculados a abortos, reducción en las tasas de fertilidad, y también pérdidas en la producción lechera o menores tasas de ganancia media diaria de peso”, valoran los Colegios de Veterinarios. Por ello, consideran que todo ello “contribuirá, sin duda, al cierre de numerosas ganaderías en los próximos años, en un sector que es clave para el desarrollo rural sostenible y el mantenimiento de población en la España vaciada”. Desde el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León consideran que “generalizar la protección total del lobo ibérico, sin considerar el necesario equilibrio que de forma continua debe establecerse entre sus variaciones poblacionales y el impacto que ocasiona, es a todas luces una medida desacertada que debería ser reconsiderada. Es urgente contar con estudios científicos que orienten las actuaciones para compatibilizar la biodiversidad, que aporta el lobo, con la actividad ganadera extensiva, que preconiza el Pacto verde europeo”. “Actualmente, la especie en nuestro país en general y, en Castilla y León en particular, se encuentra lejos de requerir una protección mayor de la que ya tiene en la actualidad”, defienden en su comunicadolos veterinarios.