El observatorio de mediación en el tema del lobo del Grupo Campo Grande considera que es necesaria “la participación activa” y “el acuerdo de todos los agentes en la toma decisiones respecto a la protección del lobo”. El modelo de gestión del lobo afecta “a sectores muy diferentes, a distintos territorios y son muchos los agentes potencialmente interesados o implicados directa o indirectamente. La coexistencia con el lobo pasa actualmente por una situación muy sensible y compleja que se arrastra desde hace años”.

Es “un escenario en el que confluyen relaciones muy diversas e intereses y posiciones opuestas, a menudo enfrentadas, que, como en todos los conflictos socioambientales, debería ser tratado mediante procesos proactivos de participación pública que garanticen el diálogo, la escucha de todas las partes, la búsqueda de consensos y la mediación social, si se considerara necesario”. La Comisión Estatal de Patrimonio Natural, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, aprobó el día 4 de febrero, por votación de las autonomías, la inclusión de todas las poblaciones de lobo existentes en España en el Listado de Especies en Régimen de Especial Protección, con el consiguiente cambio a especie no cinegética.

Seis días después, el ministerio abre un proceso de consulta pública, atendiendo únicamente al Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, consistente tan sólo en facilitar una dirección electrónica a la que hacer llegar alegaciones por escrito durante un plazo mínimo. Este procedimiento parece cerrar la posibilidad de actuar de acuerdo a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que obliga a las administraciones públicas a garantizar el derecho a “participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente” y además, este texto indica que la participación sea activa y se realice “cuando estén aún abiertas todas las opciones y antes de que se adopte la decisión”.

El mecanismo del Ministerio “afecta enormemente a la merma de derechos y está contribuyendo al aumento del grado de conflictividad y de tensión entre personas y sectores”. El grupo Campo Grande aboga por contar con tiempo suficiente y recursos necesarios para poder desarrollarse adecuadamente.

El lobo es patrimonio de toda la sociedad y su conservación compete a todos. En consecuencia “es toda la sociedad la que debe contribuir íntegramente con los gastos y el coste que pueda ocasionar su coexistencia con la ganadería extensiva, a través de los fondos públicos e instrumentos económicos y de gestión que se considere necesarios en cada territorio”.

El grupo recuerda también que “la ganadería extensiva también es patrimonio de toda la sociedad y requiere ser protegida” y en este contexto “la ganadería extensiva tiene un alto valor ecológico”. Con el pastoreo y la gestión territorial, la ganadería extensiva “contribuye a la generación de servicios ecosistémicos tanto de provisión como de regulación, además de otros bienes públicos y resultados positivos en términos sociales”.