Castilla y León pide a la ministra suspender la protección especial del lobo

“Un encuentro intenso”, valoraba el consejero castellano y leonés tras finalizar la videollamada, en el que las cuatro comunidades loberas realizaron un ofrecimiento unánime al Ministerio para sentarse a “trabajar conjuntamente y con criterios científicos” en la evaluación y posible actualización de la estrategia nacional de la gestión y protección del lobo.

Las cuatro autonomías que acogen en sus territorios más del 90% de la población de lobos piden que se les permita “liderar” ese trabajo al contar con la mayor información científica y el conocimiento necesarios para controlar de manera adecuada la especie y garantizar el equilibro en su convivencia con el sector ganadero y la actividad humana. Por eso, rogaron a la vicepresidenta Ribera que no adopte la decisión de publicar en el BOE la inclusión del lobo en el Lespre sin haber llegado antes al consenso necesario con las comunidades loberas sobre la estrategia. 

“Es lo que teníamos que haber hecho desde el principio, sentarnos, las casas se empiezan por los cimientos y no por el tejado”, declaró el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León: “Hay una estrategia nacional de la gestión y protección del lobo del 2005, aprobada en conferencia sectorial del Ministerio con las Comunidades Autónomas, y ese es el presupuesto de cualquier medida que se tenga que tomar”.

En consecuencia, se ofreció la “colaboración leal” de las cuatro comunidades loberas “para liderar y trabajar conjuntamente y desde el punto de vista técnico en la actualización de esa estrategia nacional, y de esa actualización vendrán las medidas que haya que adoptar, sean la catalogación o la no catalogación”. Sin embargo, advirtió Suárez-Quiñones, “el consenso vendrá por suspender” de momento la inclusión del Lobo en el Lespre porque “no nos parece correcto desde el punto de vista político, jurídico y técnico”.

El consejero insistió en que “la propuesta del Ministerio supone un gravísimo error basado en el desconocimiento y el desprecio hacia la realidad cotidiana del lobo en aquellos territorios que tenemos que asumir el coste económico y social de una gestión que siempre busca el complejo equilibrio entre la conservación de una especie y la reducción de los daños que ocasiona”. No entiende que el Ministerio quiera “echar por tierra” el trabajo realizado por las comunidades loberas durante tantos años en la gestión de la viabilidad de las explotaciones ganaderas en zonas con presencia de lobo, sus efectos en el desarrollo rural y su contribución al despoblamiento, además de la conservación del lobo, sus hábitats y las demás especies amenazadas por esos cánidos.

Por último, el representante de la Comunidad aseguró que “ejercitaremos todas aquellas acciones que, en protección de Castilla y León, en protección de los intereses de nuestros ganaderos, de la población de nuestros pueblos, sean necesarias hasta llegar si es preciso a los tribunales para salvar algo tan importante para Castilla y León como es nuestra ganadería extensiva y nuestra población en el mundo rural”.

Por su parte, la vicepresidenta Ribera recordó que en septiembre de 2020 en la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad “se acordó votar primero la catalogación de la especie para después trabajar en la estrategia de conservación y gestión del lobo”, y mostró su disponibilidad a seguir trabajando con las Comunidades Autónomas en la realización de un nuevo censo, la actualización de la estrategia de conservación y gestión del lobo, y el análisis de los diferentes procesos administrativos que afecten a la especie. Un trabajo conjunto en el que pretende incluir también a las organizaciones profesionales agrarias, las ONG, instituciones académicas y organizaciones de desarrollo rural.

En este sentido, Ribera defendió la necesidad de dotar al sector ganadero de “recursos suficientes y de un marco de seguridad jurídica que solo podemos conseguir con una estructura equiparable en toda las Comunidades Autónomas. La vicepresidenta defendió que “los ganaderos no pueden sostener sobre sus espaldas los costes de un patrimonio natural común, que en este caso es el lobo”.

La postura del Ministerio es que la homogeneización del estatus legal del lobo en toda España “contribuirá a superar muchos de los problemas que actualmente aquejan a la conservación y gestión de la especie, especialmente por la alta disparidad en los modelos de gestión desde las diferentes Comunidades Autónomas, la alta incidencia de daños y la conflictividad que existe en torno a la gestión de esta especie”.

Según la vicepresidenta, su ministerio y el de Agricultura “van de la mano” en este asunto y “trabajarán por reforzar el apoyo a la ganadería extensiva y la protección a la biodiversidad”.

Ribera también aprovechó la reunión telemática para detallar los motivos que han llevado al Gobierno a defender la inclusión del lobo en la lista de especies protegidas: “Se atiende al dictamen del comité científico que recomendó su proyección al considerar su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de esta especie en los ecosistemas naturales”. Defiende que el hecho de que su área abarque territorios de distintas comunidades hace necesario “un enfoque de actuación común”.

Horas antes de la reunión telemática con la responsable de Medio Ambiente, el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, participaba en la Conferencia Sectorial de Agricultura y aprovechó para instar al ministro Luis Planas a frenar la propuesta de Teresa Ribera por “atentar contra el desarrollo de la actividad ganadera del vacuno, ovino, caprino y equino”.

En cuanto al PSOE de Castilla y León, la vicesecretaria general Virginia Barcones reiteró ayer que la postura del partido es “la defensa de la ganadería extensiva y el equilibrio con la gestión del lobo” y recalcó la necesidad de “buscar un equilibrio entre la ganadería y la gestión del lobo desde el consenso”.