El exalcalde de Cobreros, Manuel Vidal Fernández, ha presentado recurso contra el acuerdo de pleno que da luz verde a la subasta de terreno para instalar una planta fotovoltaica. Recurso al que también se han sumado más vecinos perjudicados de los pueblos de Terroso y San Martín de Terroso.
Para Vidal la decisión del equipo de Gobierno de Cobreros “destruye y erradica la ganadería existente, destruye puestos de trabajo de ganaderos, destruye ecosistemas y paisajes naturales, fauna”, en particular “fauna anfibia por los humedales, pastizales, cauces, regatos”. Para el exalcalde son “graves daños para el ecosistema convirtiendo la zona de pastos en un espacio industrial, semejante a un polígono industrial. Destruyendo el corredor de fauna y paisajes alrededor de la carretera Nacional 525 Puebla-Requejo”.
La propiedad de los terrenos es del “Común de los vecinos de Terroso” y no del Ayuntamiento, que no puede disponer de ellos, como señala el concejal en su recurso.
En el recurso de reposición contra la sesión plenaria del 2 de febrero, recoge que su ejecución ocasiona perjuicios de difícil reparación y únicamente favorece a sus promotores y algunos botarates analfabetos”. Se suma la eliminación de ricos pastizales utilizados desde hace cientos de años y aún en uso entre los ganados de los vecinos de los pueblos. Es precisamente la erradicación de la ganadería existente uno de esos perjuicios irreparables, con el cierre de las explotaciones de las que dependen 12 puestos de trabajo.
La planta fotovoltaica eliminará el patrimonio etnográfico: paredes de piedra seca divisorias de fincas, caños y regatos del río Castro (LIC Tera y sus afluentes), caminos y senderos, además del daño patrimonial y recurso turístico del entorno. Se agravará el efecto acumulativo por el impacto de infraestructuras en el corredor entre Terroso y Puebla.
En el aspecto formal de la tramitación del expediente señala el incumplimiento el plazo de dos días desde la convocatoria a su celebración, además de prohibir el alcalde instantes antes el acceso al pleno, a Manuel Vidal de manera inmotivada, arbitraria y espuria “con la finalidad de obstaculizar y hacer imposibles los derechos de los ciudadanos”.
En el recurso se señala la nulidad de los acuerdos al tratar de dejar sin efecto de manera “opaca e ilegal” todas las resoluciones anteriores en las que se licitó y adjudicó terreno a las empresas Atelest Invest y Gorila Invest S.L. mediante expediente administrativo en 2019 “haciendo como si éste no hubiera existido en ningún momento anterior”. Este carpetazo al expediente, tras ser recurrido ante el Contencioso Administrativo, se salta “abiertamente la legalidad al infringir los procesos normativos exigibles para revocar y anular los actos administrativos”.
Califica de “pura picaresca” que no se aclare a qué contrato se está refiriendo el punto tercero del orden del día, sobre la resolución del contrato por mutuo acuerdo con las dos citadas empresas. Dentro de este mismo punto, en una segunda parte, se incluye el procedimiento de adjudicación nuevamente de los terrenos “cuando por contra se trata de actos administrativos separados e independientes” y que deben ser acordados en pronunciamientos del pleno separados, y no en un único punto que aboca al camino de “nulidad de los actos”.
Por último los mismos terrenos que se han adjudicado con anterioridad no pueden volver a adjudicarse mediante subasta si la concesión anterior “no se ha anulado” mediante el correspondiente expediente. Los recurrentes señalan que no se han desafectado los terrenos y se vulnera la obligación de someter a información pública el proyecto y no informar a los vecindarios directamente afectados para que se mantengan en “la más completa ignorancia”. A los afectados se les ha ocultado los verdaderos motivos de la anulación del expediente anterior y la anulación de la adjudicación de los terrenos.
