El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, demandó hoy que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "dirima", como responsable último de las acciones del Ejecutivo central, la "contradicción" y "discusión" existente entre la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el responsable de Agricultura, Luis Planas, acerca de la protección que debe gozar el lobo. En este sentido, demandó que Sánchez defienda con su decisión los intereses del medio rural pero también la "razón" y "lo sensato". No en vano, subrayó que no hay razones de conservación para incluir al lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial sino solo culturales.
Durante la presentación de la resolución de la convocatoria de subvenciones de la Junta al alquiler de vivienda 2020 en Castilla y León, Suárez-Quiñones se mostró esperanzado que el posicionamiento de ayer del ministro de Agricultura, Luis Planas, en referencia al lobo sea "real" y no para "salvar los muebles" ante las organizaciones profesionales agrarias.
El consejero recordó que la razón de conservación que aduce el Ministerio de Transición Ecológica no se sostiene al precisar que Castilla y León ha pasado de tener una población de 400 lobos en 1990 a los 2.000 actuales. También cargó contra las razones culturales al señalar que la Junta ha puesto en marcha el Centro de Interpretación del Lobo Ibérico, que lleva el nombre de Félix Rodríguez de la Fuente, por el que pasan decenas de miles de personas al año.
Suárez-Quiñones aseguró, según recogió la Agencia Ical, que la Junta ni ninguna otra comunidad afectada por la gestión del Lobo como Galicia, Asturias y Cantabria han tenido contacto previo con el Ministerio de Transición Ecológica. "Cuando surgió el primer cuestionamiento de que esto era posible por que la organización ecologista Ascel había solicitado esta iniciativa, nunca pensamos que esto iba a anidar con seriedad en el Ministerio pero se enviaron cartas a la ministra y al secretario de Estado para mostrar nuestra oposición frontal y solicitábamos el contacto necesario para hablar de este tema", señaló.
En este sentido, el consejero de Fomento y Medio Ambiente apostó por una política basada en el diálogo y poner las razones sobre la mesa y no desde la imposición. Añadió que en el año 2005 se aprobó en Conferencia Sectorial, entre Ministerio y las comunidades autónomas, la Estrategia Nacional sobre el Lobo. "No se puede empezar esto por la puerta atrás utilizando la Comisión de Patrimonio Natural y Biodiversidad donde no están los consejeros ni tampoco gobernar desde los despachos sin pisar el territorio, ya que supone una puñalada de muerte hacia la ganadería extensiva y, por tanto, el medio rural", precisó.
"A espaldas" de las comunidades
Es por lo que Suárez-Quiñones reconoció no entender lo ocurre con el Ministerio de Transición Ecológica que debería estar centrado en el reto demográfico y toma una decisión "a espaldas" de las comunidades autónomas, que son las que tienen los lobos. Incidió que al sur del río Duero ya está estrictamente protegido el lobo, que es donde se produce el 80 por ciento de los daños aunque solo cuenta con el 25 por ciento de la población de la especie en Castilla y León. En cambio, señaló que al norte del Duero es una especie cinegética controlada por la administración y con cupos científicamente establecidos y se registra el 20 por ciento de los ataques pese a que es donde se concentra el lobo. "Podemos imaginar qué ocurrirá si al norte del Duero tiene el mismo régimen que al sur", sentenció.
Los consejeros de Medio Ambiente de Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias, que cuentan con el 95 por ciento de la población de lobo de todo el territorio nacional, advirtieron hoy de que acudirán a los tribunales si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sigue adelante con la . Los representantes de las cuatro comunidades reclamaron al Gobierno que abandone “la política de imposición” y que se sienten “para abordar la problemática desde el diálogo” para así evitar “el grave perjuicio al medio rural” que supondría sacar adelante esta propuesta.
Pese a que deseó que se imponga el "sentido común" y la "política", aseguró que las cuatro comunidades implicadas lucharán con "todas" las armas. Suárez-Quiñones declaró que la Junta está en "permanente" contacto con los otros gobiernos autonómicos. Hasta el punto que todas trabajan en un estudio jurídico para acudir a los tribunales si el Gobierno central no da "marcha atrás".
"Más nitidez" del PSCyL
Además, reclamó "más nitidez" al Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL) acerca de su postura con la protección del lobo en la Comunidad, en la línea expresada por los socialistas en Asturias, que gobiernan ese territorio. "Pedimos que el PSCyL medie con el Gobierno central y diga claramente cuál es su posición", aseveró.
