El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró hoy en Morales de Toro que la Junta de Castilla y León es “muy exigente” con el cumplimiento de la normativa vigente a la hora de autorizar actividades extractivas como el proyecto de mina a cielo abierto en Calabor y otro relacionado con la energía eólica en la comarca de Sayago, que han provocado las críticas por parte de organizaciones como Ecologistas en Acción Zamora.

“Ninguna actuación extractiva que vulnere, perjudique o sea contraria a las normas que tratan de velar por la salubridad, no solo de las personas sino también del medio ambiente, pasará. Si pasa, es porque las cumple y porque es correcta esa actuación”, insistió.

“Al final, hay que tener en cuenta que el medio rural tiene que vivir de actividad económica. Entonces, hay que dar lugar también a que esa actividad económica se establezca en nuestros pueblos y esta es una actividad que puede generar empleo y riqueza pero repito: con el cumplimiento de las normas siendo muy exigentes en ese cumplimiento”, reiteró.

El consejero hizo estas declaraciones en Morales de Toro, adonde acudió para visitar la nueva estación depuradora de aguas residuales del municipio, que se suma a las diez ya terminadas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en localidades de más de 2.000 habitantes equivalentes en la provincia.

“Creo que hay que lanzar un mensaje de confianza en las instituciones, en las normas, en que los técnicos y las administraciones hacen lo mejor posible para buscar los intereses generales”, señaló. “El discurso es muy claro: cualquier tipo de actividad extractiva, energética, no energética, mineral, de cualquier naturaleza, tiene que pasar por el tamiz del cumplimiento de las normas”, añadió.

En este sentido, Suárez-Quiñones recalcó que se trata del “tamiz” de las declaraciones de impacto ambiental, de las correspondientes autorizaciones, tanto medioambientales como de Energía y Minas. “Siempre hay posibilidad de que cualquier persona pueda alegar lo que crea oportuno y recibirá una contestación en la decisión final por parte de la Administración, donde se consuman los intereses generales que las normas representan”, rubricó.