El incumplimiento de las medidas de prevención para contener la pandemia de la COVID 19 está generando un goteo de denuncias que llegan a los ayuntamientos como encargados de realizar la tramitación. El procedimiento es el siguiente: la Guardia Civil emite la denuncia por infracción a la normativa sobre sanidad pública –generalmente por no llevar mascarilla–, después remite el acta al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social, y la Delegación Territorial de la Junta a su vez la traslada al Ayuntamiento para que inicie el procedimiento.
Las reacciones de los alcaldes a esta nueva encomienda no son ni mucho menos unánimes. Hay casos en los que se está solicitando asistencia jurídica y técnica al Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación, una posibilidad que contempla el Decreto-Ley sobre medidas urgentes para reforzar el control y la sanción de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación sanitaria ocasionada por la COVID-19, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el 22 de octubre de 2020. De acuerdo con el mismo, los ayuntamientos pequeños, entendiéndose por tales aquellos de mil habitantes o menos, que carezcan de los recursos personales precisos para la tramitación de esos procedimientos sancionadores, les prestarán la asistencia jurídica y técnica necesaria.
En época de recolección se han levantado actas a ciudadanos extranjeros
La limitación de recursos en los pueblos pequeños, en muchos casos con el único aval técnico y administrativo de un secretario que suele compatibilizar su trabajo con más de un Ayuntamiento, complica sobremanera la nueva encomienda de tramitar las denuncias por no llevar mascarillas. Es una competencia más trasladada a las instituciones locales que también, en el mismo contexto de la crisis sanitaria, deben encargarse de la permanente limpieza y desinfección de los colegios.
El curso de estas denuncias se encuentra con inconvenientes como la incómoda responsabilidad de “tener que mandársela al vecino del pueblo con el que te ves todos los días” cuenta un regidor. Pero aún son más farragosas aquellas que se imponen a ciudadanos que transitan por el término municipal y no tienen ninguna relación con el pueblo; es más, en algunos casos los denunciados son ciudadanos extranjeros.
Hay alcaldes que solicitan asistencia jurídica y técnica de la Diputación
Este último caso se ha dado especialmente durante la vendimia y otras campañas de recolección agrícola, cuando la Guardia Civil ha interceptado vehículos con varias personas a bordo, algunos sin portar la mascarilla ni tener vínculos familiares, incumpliendo de forma flagrante las normas sanitarias de prevención ante la pandemia del COVID 19.
“ESTO NO DEBERÍA SER FUNCIÓN NUESTRA, PERO NO HAY MÁS REMEDIO QUE TRAMITAR”
El Decreto-ley aprobado por urgencia el pasado 23 de julio establece un cuadro de infracciones –leves, graves y muy graves– en función del riesgo o daño para la salud, con sus correspondientes sanciones. La sanción más genérica es de 100 euros por no llevar mascarilla puesta y son las que, por norma general, están tramitando los ayuntamientos. A las muy graves les corresponde una sanción de multa entre 60.001 y 600.000 euros.
“Las estamos devolviendo, solo falta que también nos tengamos que encargar de cobrar las multas”. Es la reacción de un alcalde ante la nueva competencia sobrevenida por la pandemia. “Por qué no se remiten las actas directamente desde donde se ponen, es enredar más y más con la burocracia”. En otros casos consultados por este diario, aún no se habían empezado a tramitar las sanciones y hay ayuntamientos más diligentes que, con sus propios medios, están dando curso al procedimiento. También se da el caso de municipios donde no se tiene aún constancia de denuncias impuestas por la Guardia Civil. Los pueblos situados en carreteras de más tránsito de vehículos están más expuestos a controles, al igual que las zonas fronterizas donde no es inusual levantar actas a ciudadanos portugueses. “Tenemos algunas cartas a las que todavía no se ha dado salida, esto no debería ser función nuestra pero si nos lo han metido no hay más remedio que dar trámite” argumenta un regidor. “Si la ley nos da la posibilidad de que la Diputación nos ayude, pues es lo que haremos”. Así lo están disponiendo algunos alcaldes, cuyos ayuntamientos cumplen el requisito de tener menos de 1.000 habitantes y carecer de recursos personales para la tramitación de las saciones. “Seguiremos el procedimiento, pero hay casos de sancionados que no viven aquí, la tramitación es larga y que siga la burocracia” apunta otro regidor. De momento las denuncias siguen llegando. Según los últimos datos en la última semana la Guardia Civil ha emitido 20 actas de infracción en la provincia por no llevar mascarillas, incumpliendo la normativa sobre sanidad pública ante la crisis sanitaria originada por la pandemia.
