El municipio de Prado cuenta con 53 habitantes censados. Lo que aparentemente debería de ser un ayuntamiento fácil de gestionar, con recursos modestos pero con poco trabajo, lleva unos cinco años paralizado en muchos de los aspectos más esenciales, una situación que ha acabado con la paciencia de la alcaldesa, que presenta su dimisión tras solo 17 meses en el cargo.

El Ayuntamiento de Prado tiene pendientes de presentar las cuentas municipales de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en el Consejo de Cuentas de Castilla y León. La Corporación Municipal no ha podido aprobar las mismas porque la secretaria-interventora no ha tenido tiempo de elaborarlas a lo largo del último lustro.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda primero, y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública después, llevan más de un año reclamando a Prado que consigne los datos de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) –una relación de cuántas personas emplea el ayuntamiento y cuánto cobran–, un trámite telemático aún pendiente de realizar. Como castigo, tanto el Estado como la Junta de Castilla y León han retenido sus aportaciones a las arcas municipales de este pequeño pueblo zamorano, que ha dejado de ingresar unos 30.000 euros.

Patricia Palmero en su trabajo como ganadera. | Nico Rodríguez

Esta situación ha llevado a la alcaldesa, Patricia Palmero, a presentar su dimisión ante el temor de que “yo acabe pagando las consecuencias jurídicas del comportamiento negligente de la secretaria”, según ha explicado en conversación con este diario.

Palmero y otras seis mujeres formaron de cara a las elecciones municipales de 2019 una agrupación de electoras independientes con la intención de revivir un ayuntamiento ya paralizado y hacer cosas buenas por su pueblo. Lograron las tres actas de concejal y el apoyo casi unánime de los votantes de Prado, pero la realidad ha podido con los ánimos de la nueva alcaldesa.

“A los pocos días de jurar el cargo me encontré la primera notificación del Gobierno de España exigiéndome los datos ISPA, pero la secretaria no decía nada, así que acudía a la Subdegelación del Gobierno, pero allí se limitan a decirme que es mi obligación hacer que la secretaria-interventora cumpla con su trabajo. Pero es imposible. Siempre da largas, su respuesta para todo es que ya hará las cosas cuando toque o cuando pueda, pero así llevamos perdido más de un año”, asevera la regidora.

Patricia Palmero asegura también que las claves de su firma digital y el certificado están en poder de la secretaria-interventora desde que ella es alcaldesa, y que “desconozco qué documentos se han venido firmando en mi nombre”, un hecho del que también puso en conocimiento de la Administración el pasado mes de junio de 2020, cuando intentó obtener nuevas claves para su firma digital, que le fueron denegadas por no poder aportar las actuales.

La munícipe ha pedido a la Diputación “un secretario que trabaje”

Así que después de un año en el ayuntamiento y tras haber fracasado en su intento de agilizar el funcionamiento de la institución, Patricia Palmero trató de cambiar de personal en el puesto de Secretaría-Intervención. La mujer que ahora ocupa ese cargo no es titular de dicha plaza, sino que trabaja allí en régimen de acumulación. El 11 de junio de 2020 la regidora firmó dos Resoluciones de Alcaldía: una renovando la prórroga de la comisión de servicios del titular del puesto –que trabaja en Galicia– y otra solicitando formalmente a la Diputación de Zamora un nuevo secretario-interventor en régimen de acumulación. Según la alcaldesa, solo llegó a su destino el primer documento. “La secretaria se quedó con las dos copias, y no sé qué hizo con ellas”, asegura.

A partir de ese momento la regidora perdió su confianza en la secretaria-interventora y decidió que que no contaría más con la funcionaria en las comunicaciones con el resto de Administraciones. La primera ocasión fue una carta que envió en julio a la Presidencia de la Diputación de Zamora en la que volvía a solicitar un nuevo secretario-interventor en régimen de acumulación. “El Ayuntamiento de Prado lleva ya siete años sin rendir cuentas ni ante Dios ni ante los hombres. Esto es inadmisible. Supone una deshonrosa vergüenza que una entidad pública, por muy reducida que sea, no justifique sus gastos”, asevera Palmero en su misiva en la que invita al presidente Francisco Requejo a visitar la pequeña localidad terracampina.

A continuación, Patricia Palmero también se dirigió al Consejo de Cuentas de Castilla y León para presentar una denuncia en la que hace constar que la secretaria-interventora “no cumple con su trabajo en el Ayuntamiento de Prado, por el que percibe una remuneración económica, con acuerdo a ley, consistente en 14 pagas anuales de 540,71, además del pago de sus cuotas a la Seguridad Social por valor de 265,87 euros al mes, más un cheque anual de 584,83 euros para sus gastos personales”. La alcaldesa también señala que los agricultores que arrendaron las masas comunes en 2019 aún no disponían de sus contratos para firmarlos, a pesar de que ya habían sembrado y cosechado. También que el ayuntamiento ha tenido que contratar los servicios de una Gestoría Administrativa en Zamora, con cargo a las arcas municipales, para que lleven a cabo algunos trámites que la secretaria-interventora no puede hacer.

Comunicaciones similares fueron enviadas a la Subdelegación del Gobierno en Zamora, al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al Ministerio de Hacienda y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

El Consejo de Cuentas contestó por escrito recomendando a la alcaldesa acudir a la Diputación de Zamora para su asesoramiento legal, y negándose a realizar una auditoría del Ayuntamiento de Prado porque ya tienen completa la agenda para 2020. El Ministerio de Hacienda remitió la comunicación al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y este a la Dirección General de la Función Pública. Desde la Diputación de Zamora nunca llegó a recibir respuesta.

Pasados cuatro meses, Patricia Palmero envió una última carta al presidente de la Diputación exponiéndole la cronología de los hechos y aseverando que “o se pone un nuevo secretario-interventor que cumpla con sus funciones y realice el trabajo por el que se le paga en el Ayuntamiento de Prado, o considere esta comunicación como mi carta de dimisión, mi renuncia formal al cargo de alcaldesa de Prado”. En esta carta afirma que pedía “un nuevo secretario interventor en acumulación. Un nuevo secretario-interventor que no sea ella. Pero no un secretario-interventor moreno de ojos verdes, no. Tan solo un nuevo secretario interventor”. Una carta similar comunicando su dimisión fue enviada al subdelegado del Gobierno en Zamora. La renuncia no se ha presentado todavía al pleno.