Cazadores, ganaderos y agricultores de Zamora de nuevo miran a la fauna salvaje como un serio problema si durante esta nueva etapa de alarma impuesta por imperativos de la pandemia del COVID-19 se endurecen las restricciones y no se realiza un control de los animales silvestres y, por ello, se suman a la petición de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) de pedir al Gobierno la declaración de la caza como "actividad esencial" para reducir los impactos en diferentes sectores.
La UNAC ha solicitado mediante un escrito al presidente del Gobierno “que la caza sea considerada en todo el Estado como una actividad esencial, con el fin de que las comunidades autónomas posean las herramientas precisas para que dicha actividad no se vea paralizada, y con el objetivo de evitar que otras actividades, también esenciales, no se vean afectadas por el aumento incontrolado de las especies de caza, tales como la agricultura, ganadería, salud animal o el transporte”.
También la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), reclama a las administraciones competentes “que la caza sea declarada actividad esencial ante las limitaciones de movilidad que se van a imponer esta misma semana por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19” según señala en un comunicado remitido ayer.
“Todo lo que no sea actuar en este sentido, y por lo tanto reducir la presión cinegética sobre la fauna salvaje, provocaría una situación muy peligrosa a nivel social. El incremento de la población animal tendría repercusiones para el conjunto de la sociedad derivada de un mayor peligro para la circulación de los vehículos por la posible invasión de más animales en las carreteras, para la propia salud del ganado, y también para la actividad agrícola” expone UPA.
UPA Castilla y León, añade, “considera que debe evitarse cualquier vacío legal que lleve a los cazadores a abandonar los montes, dejando así que las poblaciones de la distinta fauna salvaje crezca sin control y causen daños en las explotaciones agroganaderas y genere peligros muy serios a la propia circulación de vehículos”.
UPA hace hincapié en “que la fauna en su conjunto, sin control alguno, puede ocasionar un problema de seguridad en la carreteras y daños en los ecosistemas, además de que son un serio riesgo de propagación de enfermedades capaces de afectar a la cabaña ganadera de la que depende, en estos tiempos de pandemia, la alimentación de los castellanos y leoneses”.
La organización apunta que “la caza es especialmente importante en el caso de las poblaciones de jabalí, ya que este animal es capaz de doblar su población en un año en el que no haya presión cinegética. Además, durante los últimos años estas especies están proliferando y causando cuantiosos daños en los prados, cultivos forrajeros, cosechas enteras de maíz e incluso en huertas familiares”. Para UPA “una limitación del esfuerzo de la caza, reduciendo por ejemplo el número de días que se puede practicar esta actividad, podría dar lugar a una situación insostenible en muchas zonas de la región durante la actual campaña productiva”.
La Junta de Castilla y León, según el acuerdo publicado ayer en el Boletín Oficial, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, indica que “está permitida la actividad cinegética en todas sus modalidades, siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal”, y que “no se compartirán utensilios de caza, ni utillaje de comida o de bebida”.
