Los consultorios médicos de las poblaciones van abriendo sus puertas poco a poco, y lo hacen con una resolución de la Procuraduría del Común que, entre otras cuestiones, recoge que “es indudable la necesidad de garantizar la seguridad de profesionales y pacientes evitando los contagios por COVID-19”, pero, añade, “estimamos que el recurso a una medicina no presencial como la que se ha generalizado, no garantiza la asistencia sanitaria y, menos aún, en entornos rurales, máxime en casos de colapso de líneas telefónicas (que se ha dado en muchos casos) o de pacientes cuyos diagnósticos pueden resultar (como ha ocurrido en algunos casos) erróneos”.
La resolución del procurador del Común Tomás Quintana López culmina una queja admitida a trámite por la falta de reapertura de los Consultorios Médicos de la Zona Básica de Salud de Sayago, tras el cierre ocasionado por la pandemia. En la misma se ponía de manifiesto que el cierre “está dificultando notablemente la atención de las personas residentes en este entorno”. La situación del medio rural tiene, entre los ejemplos, a Villardiegua de la Ribera, “a cuyos vecinos les cuesta enormemente contactar telefónicamente para pedir cita (las líneas se encuentran permanentemente ocupadas), que han de acudir por sus propios medios, cuando los tienen, a Urgencias o al Centro de Salud, lo que supone entre 10 y 40 kilómetros, según el lugar, y que encuentran enormes dificultades para obtener recetas o el seguimiento de dolencias leves pero crónicas”.
Desde la Junta se informó al Procurador del cambio de la organización de las consultas, “llevándose a cabo de forma diferente a cómo se venía haciendo antes de la pandemia”, indicando que .”se concierta la cita, previa valoración telefónica lo que supone garantizar la seguridad de los pacientes y de los profesionales, siendo estos últimos quienes deciden si es necesaria la consulta presencial, indicando a tal efecto “lugar, día y hora de la consulta que podrá realizarse en el Consultorio local, en el centro de salud, o en el domicilio, atendiendo al criterio clínico”. También señala “que no se ha producido un cierre de los Consultorios Locales sino que se han implantado medidas de seguridad para evitar que los consultorios se conviertan en focos de transmisión”. Asimismo que “se ha tratado de simplificar la gestión de la receta médica y de los partes de baja; que debido al incremento de la demanda asistencial en el mes de agosto la priorización de citas y de la gestión por teléfono, se ha procedido a la contratación de más líneas telefónicas y personal administrativo” y también destaca que “se ha mantenido informada a la población de la organización de la gestión a través de los medios de comunicación generales, mediante carteles informativos, indicando los teléfonos para solicitar consulta con los sanitarios”.
La Procuraduría considera “plenamente aplicable a la situación” una resolución dictada en la que manifiestan “nuestra preocupación por las condiciones de trabajo de los facultativos de Atención Primaria en el medio rural, y hemos alertado sobre la falta de datos fehacientes sobre la incidencia de la pandemia en este medio, máxime cuando nos encontramos ante una población de edad avanzada, pluripatológica, con dificultades de desplazamiento y problemas de acceso a la asistencia sanitaria”.
La telemedicina es un complemento útil de la interacción presencial, pero no la sustituye por completo, y no puede poner en peligro la asistencia sanitaria de grupos vulnerables
En el texto de la resolución se hace referencia a la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) para señalar que “la telemedicina es un complemento útil de la interacción presencial, pero no la sustituye por completo, y no puede poner en peligro la asistencia sanitaria de grupos vulnerables”. Aunque reconoce que “la gestión de la pandemia ha dado lugar a la forzosa incorporación de la llamada “telemedicina” a la gestión de la atención sanitaria, y que “la realización de las consultas virtuales y/o telefónicas ha irrumpido en el día a día de facultativos y pacientes”, “con virtudes como la agilización de las listas de espera, la eliminación de desplazamientos innecesarios y los que algunos expertos llaman “desburocratización” de la atención”, sin embargo para el Procurador del Común “existen algunas sombras en esta forma de gestión”. Al respecto recoge que “algunos profesionales confirman que la teleconsulta elimina o agiliza algunos procedimientos burocráticos que retrasan al facultativo e incluso al propio paciente, pero también ponen de manifiesto que ha de verse como un complemento y no como una alternativa, como parece que se conciben este momento. Por otra parte, no podemos olvidar los importantes problemas de conectividad de nuestra Comunidad Autónoma, sobre todo en el mundo rural, el cual en este momento está muy necesitado de asistencia, y tampoco el perfil del paciente (avanzada edad y enfermo crónico) que tiene serias dificultades de toda índole para acceder a recursos móviles y digitales, y que han sido puestos de manifiesto por esta Institución en muchas ocasiones”.
En cuanto a la prescripción de medicamentos y la gestión de bajas considera el Procurador que “es cierto que este tipo de actuaciones casi burocráticas son susceptibles de realizarse telefónica o telemáticamente, pero no resulta menos cierto que resulta difícil llevar a cabo tal tarea si hay un colapso de la líneas, si el usuario es una persona de avanzada edad o sin conocimientos mínimos de acceso a la web, o si el facultativo tiene pendientes una gran cantidad de llamadas, lo que genera una saturación no sólo en la línea, sino en el propio profesional”.
En cuanto a la expresión de que los consultorios no se encuentran cerrados sino que se ha arbitrado otro sistema (no presencial) de asistencia, y que la población está informada, manifiesta que “basta realizar somero examen de la prensa o palpar la opinión de numerosos usuarios para ver que esa no es la percepción que tienen muchos ciudadanos. Y es que si un ciudadano acude al consultorio y se le remite a una consulta telefónica, y las líneas están permanentemente saturadas, o el profesional que tiene que llamarle lo hace con cierto retraso porque se le han acumulado las llamadas, la percepción del usuario de la sanidad pública es que “algo no funciona” y puesto que no es atendido estima que se ha vulnerado su derecho”.
En su resolución insta a la Junta a que “verifique la calidad de la asistencia sanitaria de los usuarios de la Zona Básica de Salud de Sayago y, también, a que proceda a verificar que la implantación de la telemedicina garantiza una asistencia sanitaria de calidad a los habitantes de los núcleos rurales, poniendo especial cuidado en que no sea un sustitutivo de la atención personal, tan necesaria en pacientes de avanzada edad, que viven solos y que residen en el medio rural”
