La grúa retiró tres vehículos que permanecían estacionados en el paraje de El Gargallón” de la localidad de Vime, como epílogo de la fiesta ilegal organizada el fin de semana y en la que participaron más de cien personas.
El último de los turismos salía cargado en grúa el martes al anochecer, pero la operación no pasó desapercibida para los vecinos que estaban al corriente de la existenci ade coches en la zona.
Lo llamativo es que todos ellos aparecieron con las cuatro ruedas pinchadas. Estaban junto al camino de Vime a Rionegrito, donde permanecían estacionados desde el viernes. Un cuarto vehículo, aún sin retirar, y también con los cuatro neumáticos desinflados o pinchados, es del entorno más cercano al joven organizador de la fiesta.
Sobre la autoría de quién desinfló o pinchó las ruedas, los vecinos sospechan que pudo haber sido alguno de los asistentes para vengarse.
Por otra parte, los Procuradores del PSOE, por Zamora, José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez e Inmaculada García han presentado en las Cortes regionales una batería de preguntas a la Comisión de Sanidad, ante la alarma vecinal generada en Vime el pasado fin de semana. En concreto piden aclaraciones de por qué la Junta de Castilla y León consideró el 8 de agosto “un evento privado” la fiesta-acampada, que comenzó el viernes 7 de agosto y se prolongó hasta el domingo a las cinco y media de la tarde.
El grupo socialista pide respuestas por el cambio de criterio de la Junta como autoridad sanitaria, el 9 de agosto, para intervenir y remitir por la tarde al Juzgado de Puebla, la orden de cese y desalojo de la fiesta-acampada de Vime. En este caso también piden explicaciones de si hubo riesgo para la salud pública.
El PSOE interpela sobre el grado de responsabilidad de la Junta por tardar en acordar la orden de cese y desalojo, y su remisión al Juzgado para su ratificación. Los sucesos vividos en Vime de Sanabria terminaron el domingo 9 de agosto con el desalojo por parte de la Guardia Civil. Participaron unas 150 personas en terrenos particulares sin las medidas de seguridad sanitaria prescritas, dentro de la coyuntura de la pandemia provocada por el COVID-19 y que no contaba con las debidas autorizaciones.
