La Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León emitió ayer una nota en la que indica que la Guardia Civil informó al Juzgado de esta concentración, el sábado sobre las 9.30 de la mañana. En ese instante, la jueza informa a los agentes que no puede intervenir si la administración sanitaria no lo solicita. Al no existir delito, es la autoridad sanitaria, y no el Juzgado, quien valora y toma la decisión por riesgo para la salud por incumplir la normativa administrativa en materia de COVID. En el caso de afectar a derechos o libertades, se solicita ratificación judicial de dicha decisión.
Con el objetivo de acelerar la toma de una decisión, ante el riesgo para la salud por la concentración de más de un centenar de personas, durante todo el sábado el Juzgado realizó gestiones para facilitar la comunicación entre la Guardia Civil y los responsables políticos sanitarios.
El domingo a las 17:25 de la tarde, la delegada territorial, como autoridad sanitaria, decide intervenir y remite al juzgado la orden de cese de la reunión y desalojo. Una hora más tarde, a las 18:23 el Juzgado notificó el auto ratificando las medidas acordadas por la Junta ante el evidente riesgo para la salud que suponía tal concentración de personas, bebiendo alcohol, sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad.
El Juzgado carece de competencia para intervenir antes de que lo haga la autoridad sanitaria porque los participantes no estaban cometiendo ningún delito, pues contaban con autorización del titular del terreno donde se celebraba la fiesta. El desalojo no se produjo por orden judicial. Es una decisión de la autoridad sanitaria ya que no se estaba cometiendo ningún delito sino una infracción administrativa.
Juzgado de Sanabria, en funciones de guardia, se limita a revisar y ratificar las medidas acordadas por la autoridad sanitaria ya que podrían afectar a derechos fundamentales.
Por tanto, sólo cuanto dichas medidas adoptadas por la autoridad sanitaria puedan afectar al ámbito de derechos fundamentales y libertades, es cuando se exige control judicial, pero únicamente en el sentido de ratificar o avalar la previa decisión adoptada por dicha autoridad competente, pues sólo ellos pueden valorar si se produce una situación de urgencia sanitaria que exija tal intervención, que no llegó hasta el domingo a las 17:25 de la tarde.
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora ha precisado a su vez que “no se cuestiona en ningún momento la actuación judicial, más al contrario, desde el principio se ha puesto en valor la coordinación entre la Administración de Justicia, la Subdelegación de Gobierno y la Junta de Castilla y León en esta intervención”.
Añade que “la Administración autonómica ha actuado de acuerdo con el devenir de los hechos que se iban desarrollando y que iba transmitiendo la subdelegación y la propia Guardia Civil”.
Manifiesta que “en la toma de decisiones sobre los pasos a dar, se ha tenido en cuenta que era una situación delicada, con afectación de derechos y libertades y que, partiendo de que se celebraba en propiedades privadas, había que ponderar los derechos en juego y asegurarnos de que se contaba con todas las garantías jurídicas”.
Resalta que “la colaboración y coordinación entre todos los organismos ha sido clave para que finalmente se produjera el desalojo sin incidentes, gracias al excelente trabajo que llevo a cabo la Guardia Civil en el desalojo y suspensión de la actividad”.
El subdelegado del Gobierno señaló que “esta fiesta tiene que salir cara, cara” y “servir a todos de ejemplo para que no vuelva a ocurrir”. Expresó su sorpresa por la respuesta del Juzgado y dice que “la operación en sí fue un éxito”. La Guardia Civil, dijo, actuó “bajo el principio de legalidad, proporcionalidad y moderación”. Y la frase textual que trasladó a los medios el domingo a las ocho y media es que “se ha intentado a través de la Administración de Justicia conseguir una resolución para el desalojo, basándose en motivos sanitarios”. Si con esta frase “me he metido, que no era mi intención con la Administración de Justicia, pido disculpas. No era mi intención”.
La titular del Juzgado de Puebla de Sanabria, remarca, “ha trabajado este fin de semana continuamente” en contacto con la Guardia Civil y “no se me ocurriría hacer ningún reproche y no sería justo”. El juzgado mantuvo lo mismo “que necesitaba una solicitud de la autoridad sanitaria” y así “se lo comunicamos a la Junta”.
El dispositivo estaba preparado esperando el desalojo por “eficiencia” porque todos los agentes que estaban en Vime no estaban en otros puntos de la provincia.
La titular de la finca que interpuso la denuncia el sábado a las once de la mañana, también sale al paso para señalar que “no tenían autorización de la propietaria” porque el organizador y convocante de la fiesta no es titular de los terrenos.
