Auto del juez de Puebla de Sanabria que ordena el desalojo.

Las personas que participaron este fin de semana –desde el viernes al domingo por la tarde– en la fiesta ilegal de Vime de Sanabria se enfrentan a sanciones de entre 60.000 y 600.000 euros por infracciones e incumplimiento de las medidas de prevención y contención del COVID-19. Llevaron la concentración en un pueblo habitado ahora por más de 150 personas, según la información facilitada por la Junta de Castilla y León. El vecino organizador de la fiesta se enfrenta posiblemente a multas aún mayores. Los agentes de la Guardia Civil identificaron a un total de 118 personas e impusieron 162 denuncias por diferentes infracciones. En concreto, fueron 102 denuncias por participar en una concentración que duplicó la población de Vime; 13, por tenencia de drogas; 30, por la acampada no autorizada y por peligro de incendio; 7, por exceso de ruido; 2, por instalación de generadores de electricidad; 2, por tenencia de arma blanca y 2 más, por conducción tras haber consumido drogas. Al organizador de la concentración, el joven de iniciales D. R. G., le fueron impuestas 4 denuncias: por contaminación acústica, por peligro de incendios, por vertido de residuos y por celebración de evento sin la autorización administrativa correspondiente, detalla la Subdelegación del Gobierno central en Zamora.

Desde la noche del viernes, cuando los vecinos denunciaron la llegada de numerosas personas para celebrar una fiesta, comenzó la coordinación de las administraciones con responsabilidad en todo el proceso de desalojo: Delegación Territorial de la Junta, Subdelegación de Gobierno y Juzgado de Instrucción de Puebla. La propia consejera de Sanidad estuvo informada en todo momento de la situación, al igual que el Consejero de Fomento y Medio Ambiente. La delegada Territorial de la Junta, Clara San Damián, subrayaba la coordinación ha sido completa desde el momento en que se puso en marcha el operativo de la Guardia Civil, la noche del viernes.

La respuesta judicial a la resolución de desalojo solicitada por la Delegación Territorial, fue casi inmediata, ratificando la suspensión de la actividad no autorizada y el consiguiente desalojo de las tres fincas ocupadas. Sobre una de las fincas ya había interpuesta una denuncia, el sábado por la mañana, en el cuartel de Puebla.

Fuentes de la Junta precisan que no se podía realizar el desalojo sin los informes jurídicos necesarios, que a su vez necesitaban como base los emitidos por la Guardia Civil y por la Consejería de Sanidad, ya que “podía vulnerarse el derecho de reunión y libre movimiento de personas”. A los informes jurídicos se sumaban, a primera hora del domingo sendos informes de la Guardia Civil y de la Consejería de Sanidad. Además de evitar fisuras en las garantías para no vulnerar los derechos se optó por la prudencia, dado el estado de muchos de los participantes por la ingesta de alcohol y drogas. Como dato relevante, esta orden de desalojo por orden judicial, en el contexto de emergencia sanitaria, es la primera que se ejecuta en Castilla y León.

El juez de Puebla de Sanabria es contundente en el auto que autoriza la actuación solicitada por la delegada de la Junta, Clara San Damián, al hacer especial hincapié en “la gravedad de los hechos sucedidos” en Vime de Sanabria, descritos en los informes de Sanidad y Guardia Civil, por lo que “procede ratificar la solicitud de cese” de la acampada le hizo llegar la responsable del Gobierno autonómico en Zamora. El juez cimenta su decisión en “el riesgo muy grave para la salud pública, en general, y de la población local, en particular”. Una situación de peligro, abunda, derivada de una “celebración de carácter privado” que se dio en Vime y que supuso una “aglomeración” de personas de tal calibre “que impide y dificulta la adopción de medidas sanitarias de prevención del COVID-19” en el pueblo sanabrés.

Auto judicial sobre el caso de Vime de Sanabria.

El magistrado explica la necesaria intervención judicial solicitada por la Junta porque el desalojo implicaba limitar un derecho fundamental de los ciudadanos como es el de deambular o transitar libremente. Es por ello que, tanto la Junta como la Guardia Civil, tuvieron que esperar a la orden judicial para despejar las fincas ocupadas en la quedada organizada por un joven con una propiedad en Vime. La preservación de ese derecho fundamental “exige el control y ratificación judicial”, a pesar de que la nueva normativa sanitaria aprobada para frenar la pandemia concede competencias legales a las autoridades sanitarias de distintas administraciones, incluida la delegada e, incluso, alcaldes, para actuar cuando los ciudadanos pongan en riesgo la seguridad sanitaria de otras personas.

El juez alude a que esas autoridades pueden “adoptar medidas dentro de su ámbito competencial cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, o exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente para la salud”, salvo si contravienen algún derecho fundamental.

En la determinación del juez de intervenir fueron decisivos los informes elaborados por Sanidad de la Junta y por la Guardia Civil, que hicieron llegar a la Delegación Territorial, en los que se detalla la conducta ilegal del centenar de personas que acudieron a la fiesta convocada por WhatsApp: consumo de drogas, no uso de mascarillas ni de distancia de seguridad para prevenir el COVID. El magistrado estima la medida de desalojo solicitada por San Damián “proporcionada y justificada por la gravedad de los hechos “que protagonizó el centenar de jóvenes que desembarcaron el 7 de agosto en Vime, expulsados la tarde noche del domingo, día 9.

En el operativo de la Guardia Civil participaron desde el viernes por la tarde 40 patrullas de seguridad ciudadana; 12 agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia; 3 patrullas de la Agrupación de Tráfico; 2 patrullas del Seprona y 2 patrullas de la Policía Judicial. El capitán Vicente dirigió el operativo de 150 agentes sobre el terreno, bajo la supervisión del jefe de la Comandancia.