El amplio despliegue de la Guardia Civil por las calles y caminos de Vime de Sanabria, entre la una y media y las tres de la mañana del domingo, culminó por la tarde con una operación de desalojo de los concentrados, tras recibir la Benemérita la correspondiente orden judicial por “el muy grave riesgo para la salud pública y para los vecinos”, orden que atendía la solicitud de la delegada de la Junta de Castilla y León, Clara San Damián. El juez alude a la dificultad para tomar medidas sanitarias por “la aglomeración de personas que impide” prevenir posibles contagios de Covid-19, motivo por el que “se accede a la ratificación de la medida solicitada por la autoridad sanitaria” de la Junta. San Damián se dirigió al juez tras el informe que le remitió el jefe accidental de la Comandancia de Zamora y el jefe de Sanidad de la provincia.

El desalojo era una determinación esperada por los vecinos, algunos de los cuales no veían el momento de poder acceder a sus fincas para comprobar si había daños y suciedad. San Damián proponía a la autoridad judicial “la autorización para la suspensión de la actividad no autorizada en la localidad de Vime y el desalojo de todas las personas que están participando en dicha actividad”.

Fue una operación de desalojo llevada adelante sin incidentes, y habiéndoles obligado a recogerlo todo, incluidas las basuras. Al lugar acudieron diversos coches patrullas de la Guardia Civil y hasta una Unidad de Seguridad Ciudadana, un dispositivo que “ha sido muy importante porque ha evitado el efecto llamada”, en palabras del subdelegado del Gobierno central en Zamora, Ángel Blanco, que subrayó a última hora de la tarde de ayer que “muchos asistentes se fueron y los que se han quedado han sentido el aliento de la Guardia Civil”. Justificó la tardanza en el desalojo de los concentrados porque desde el sábado “se ha intentado conseguir una resolución judicial que llegó ayer tarde”, tras las gestiones de San Damián.

El subdelegado incidió en que “teníamos preparado el dispositivo de la guarida Civil desde el sábado”, que quedó prácticamente concluido a las 21.30 horas de ayer. Tras agradecer la cooperación de los vecinos, valoró “muy positivamente la colaboración de la Guardia Civil, que acudió enseguida a las llamadas de varios vecinos” y reprobó la conducta “impropia, insolidaria y poco generosa de una parte de la juventud” por participar en la quedada. Algunos de los congregados iban acompañados de varios animales domésticos, como gatos y perros.

Destacó la actuación de la Guardia Civil que “consiguió un control desde el exterior e identificó a los participantes y denunció todos los comportamientos” que contravenían la normativa vigente para combatir el COVID, como “el no uso de mascarillas y no mantener distancias”. Los agentes denunciaron, igualmente, “la tenencia de estupefacientes” por parte de algún asistente. En Vime se concentraron personas llegadas de muy diferentes puntos del país, e incluso alguno de Italia. El vecindario sufrió su segunda noche de insomnio e incredulidad ante una fiesta y acampada ilegales en el paraje de El Gargallón, donde un centenar de personas empezó a instalarse el viernes en fincas privadas sin permiso. El domingo, a las primeras luces del día, el número jóvenes que aún quedaba en el monte se estimaba en medio centenar.

Fue una noche de expectación en el pueblo. Los vecinos, que estuvieron en vela, además de contar los coches patrulla que subían y bajaban, aguardaban el desalojo. La Guardia Civil mantuvo todo el tiempo el dispositivo de control, identificación y registro de cuantos salían o entraban del lugar elegido para pasar un intenso fin de semana. Ese control que inicialmente se concentraba en el camino de Vime a Rosinos de la Requejada se extendió a otras rutas como el camino de Rionegrito o el del Cementerio, usados como rutas alternativas para evitar el control policial. Otros atajaron directamente por el monte. El número y cantidad de incautaciones de sustancias estupefacientes está aún por determinar aunque se ha aprehendido hachís, speed, marihuana, éxtasis y otras sustancias aún por averiguar. Una de las drogas incautadas a participantes de la fiesta y poco frecuente en esta zona fue “poppers” chinos. En los registros y controles los agentes vigilaron que no se introdujera ningún tipo de arma blanca o de fuego.

Entre los asistentes a esta fiesta ilegal había personas de todas las edades, incluso menores. El caso más llamativo fue el de una joven de 16 años que bajó al pueblo buscando una tienda para comprar comida, ya que llevaba casi un día sin comer. En el pueblo no hay ninguna tienda. La menor fue trasladada al Cuartel de la Guardia Civil de Puebla a la espera de ser recogida por sus padres, desplazados desde León.

A la una de la mañana del domingo, en el recinto de acampada, la música sonaba a todo trapo. En dos días no ha cesado en “bom, bom” que se oída desde el vecindario. El personal que llevaba más de 24 horas de fiesta se veía ya castigado por el consumo de todo tipo de drogas legales e ilegales. La tensión que se vivió en la madrugada del sábado, cuando la Guardia Civil trataba de que los participaran abandonaran El Gargallón, y los vecinos recriminaban en el pueblo a los que subían a sumarse a la juerga, contrastó con la tranquilidad de la noche del domingo, los ánimos de los participantes en la fiesta estaban más apaciguados por la ingesta de todo tipo de “cosas”. Los vecinos, ante el despliegue policial, también estaban más calmados aunque igual de enfadados por la situación.

Particularmente llamativo fue la escena de una pareja en un coche que pelaban patatas con la intención de cocinarlas, aunque con las facultades del equilibrio bastante mermadas. Se les advirtió de estar en zona forestal y del riesgo de incendio. Los vecinos precisamente tenían miedo de que se produjera un fuego fortuito por una situación como esa, u otras como que el ganado –vacas y yeguas- saliera en estampida porque se espantaran y provocaran un accidente en la carretera. Una de las personas identificada “justificaba” a los agentes que “estas fiestas se han hecho siempre” aunque no en un estado de emergencia sanitaria.

“Tendremos que desinfectar todo el pueblo cuando se marchen”, comentaban más de un vecino ante esta situación, a la que no daban crédito en un pueblo donde viven una treintena de vecinos, que ahora está lleno de veraneantes en sus segundas residencias. Unos y otros han respetado el confinamiento duro en las casas y el distanciamiento social para evitar contagios de coronavirus. La mayor parte de las personas identificadas era forastera, y afincada en otras provincias como Orense, León e incluso se identificó a una residente en Valencia. A lo llamativo de un generador y el chiringuito de luz y sonido en medio del monte se sumó la llegada de una grúa por las calles del pueblo para llevarse algún vehículo averiado, aunque no se internó en el camino.

El siguiente control que les esperaba a los juerguistas era el de alcoholemia y drogas, el domingo por la mañana, como despedida de una fiesta que ha sacado de sus casillas a los vecinos de Vime que residen todo el año en el pueblo. La multa administrativa más pequeña será, en el mejor de los casos, de 3.000 euros por saltarse la norma que prohíbe concentraciones de más de 10 personas. Una receta nada grata para algunos de los participantes que reconocían “estar en paro”.