El Defensor del Pueblo, atendiendo peticiones de UPA y otros colectivos y particulares, ha recomendado a la Secretaría General de Industria que el plazo de validez de las ITV se contabilice a partir de la realización de la inspección, sin descontar el periodo de prórroga por la crisis del coronavirus. “Estamos ante una sinrazón como que las ITV se vieran obligadas a parar pero los plazos no lo hayan hecho. Al final los paganos son, entre otros, los profesionales del sector agrario” señala UPA, que entiende “que si no se arregla la situación estaríamos en la evidencia de que tras el jugoso negocio de la ITV hay muchos intereses para aumentar los beneficios”.
