La delegada Territorial de la Junta de Castilla y León, en Zamora, Clara San Damián, solicitó ayer “la máxima colaboración de las organizaciones agrarias en los próximos meses en las labores de control, vigilancia y seguimiento en la contratación de temporeros que habrá que hacer para llevar a cabo las campañas de recolección de la provincia, especialmente de la uva, para evitar posibles contagios de la COVID 19”. Lo hizo en el Consejo Agrario Provincial, celebrado ayer en la Delegación Territorial, y destacó serán necesarias “unas medidas de seguridad higiénico-sanitarias excepcionales” e indicó que la Administración tiene que velar por el cumplimiento de esas medidas y las organizaciones deben de ayudar a que no surjan brotes peligrosos para la sociedad zamorana”.

Antes de nada, San Damián expresó “el agradecimiento al sector agrario “por haber mantenido las despensas de la provincia durante la pandemia gracias al trabajo y esfuerzo del sector”.

El Consejo Agrario Provincial se reunió bajo la presidencia de Clara San Damián para analizar la situación actual del sector en la provincia. Tomaron parte en el mismo técnicos del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y representantes de las organizaciones profesionales agrarias de Zamora (COAG, UPA y ASAJA).

Como “novedad”, el Consejo informó “por primera” vez sobre los movimientos de patrimonio innecesario de las Juntas Agrarias Locales de Coomonte de la Vega, Santa Clara de Avedillo y Villaralbo. Se autorizó el cese de patrimonio cuya venta reinvertirán en sus fines agrarios. Son casas que están prácticamente ruinosas y, en el caso de Villaralbo, se trata de una permuta de fincas”.

Destacó que “Zamora es la provincia de la comunidad autónoma con más solicitudes presentadas (9.568) a las ayudas únicas de la Política Agrícola Común (PAC), todas ellas realizadas de forma telemática”.

Con respecto a la campaña 2019 se ha producido una disminución menor del 3%, principalmente por cambios de titularidad por herencias, compras y ventas. Además de la ampliación del plazo para la presentación de la solicitud PAC, la Comisión Europea ha añadido la autorización para elevar el nivel de los anticipos de la PAC, en este caso hasta el 70% en el caso de los pagos directos y hasta el 85% en las medidas de desarrollo rural relacionadas con la superficie o con los animales.

El importe correspondiente a estos pagos podría comenzar a recibirse a mediados del mes de octubre, con el fin de evitar problemas de liquidez para los agricultores.

“Como Junta de Castilla y León estamos preocupados por cómo se ha resuelto la PAC en Europa y cómo van a afectar los fondos que recibirán agricultores y ganaderos, que efectos de dinero la financiación será más pobres y afectará a las explotaciones, y por eso la Junta, como es sensible al sector primario, tiene el firme compromiso de tratar de cubrir las necesidad de los agricultores y ganaderos con ayudas que se han ido aprobado y que están en vigor” dijo la delegada territorial de la Junta.

Hizo referencia a las ayudas dirigidas a los ganaderos de lechones (cochinillo), cerdo ibérico y ganaderías de lidia, con el fin de paliar las pérdidas que ha provocado la pandemia del Covid-19, a la ayuda al sector vitícola para la cosecha en verde.

Hizo hincapié, además, en la ayuda a la incorporación al programa sanitario voluntario de prevención, control y erradicación de la rinotraqueítis infecciosa bovina, al que ya se han incorporado una docena de ganaderos. Como requisitos la explotación deberá tener la condición de PYMES, estar inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León. Además, se prohíbe el suministro y empleo en las explotaciones de ganado bovino de vacunas frente a IBR que no permitan la diferenciación entre anticuerpos vacunales y anticuerpos procedentes de infección por virus campo, de forma que sólo podrán utilizarse vacunas marcadas deleccionadas de la glicoproteína. Asimismo, las explotaciones que opten por realizar el programa sanitario frente a IBR será de obligado cumplimiento durante, al menos, tres años.

En lo tocante a la solicitudes de la PAC, que en Zamora se acercan a las 10.000, el presidente de COAG Zamora, Lorenzo Rivera, reparó en que “el nivel de cotizantes no llega a 5.000 “ lo que, según dijo, “es un reflejo de lo que ocurre en la ganadería y agricultura, que está en manos de personas jubiladas o que se dedican a otra actividad”. De ahí que subrayó que “los recortes de la PAC no sean los que se dedican a la ganadería y agricultura los que los sufran”.

El Consejo también trató sobre la presente campaña cerealística con la cosecha de cereal en la provincia que está “entre una horquilla de 680.000 y 700.000 toneladas” según apuntó la jefa del Servicio de Agricultura, Rosa María Alonso. “Se ha crecido tanto en superficie como en producción media” dijo San Damián. La superficie de cereal de invierno cultivada para grano es de 163.000 hectáreas, un 13 % superior a la campaña pasada, cuando fue una de las provincias más afectadas por la sequía. El trigo blando es el cereal más sembrado, con una superficie de 69.500 hectáreas, seguido de la cebada con 67.500 hectáreas.” “Cuanto mejor sea la cosecha más repercusión tendrá en otros sectores, como maquinaria, fitosanitarios, piensos… es toda una cadena que mueve la economía”.

Finalmente, se ha iniciado un nuevo periodo de evaluación del topillo campesino, correspondiente al periodo estival 2020 y que se extenderá hasta mediados de septiembre. Los técnicos del Servicio Territorial de Zamora realizarán la monitorización de 120 parcelas de 23 municipios correspondientes a las comarcas de Campos-Pan, Benavente y Los Valles y Duero Bajo.

MáS ALIMENTO PARA LOS BUITRES PARA EVITAR LOS ATAQUES DE LAS AVES AL GANADO

El presidente de COAG-Zamora, Lorenzo Rivera, también planteó la cuestión de los ataque de buitres y pidió una solución que pasa por dar más alimento a estas aves. “Hay ataques a la ganadería porque no hay la suficiente alimentación estas zonas” dijo. Señaló que “por desgracia hay animales muertos en todas las razas de ganado, que van a la incineración”, y aludió a poner en marcha un programa “que con poco presupuesto, permita que los cadáveres vayan en tiempo y forma para los buitres”.

Otra reclamación de las organizaciones agrarias es que “progresivamente se normalice la atención al público, que se ha visto trastocado con la pandemia” según señaló Rivera. Considera que, “con cita previa, se puede dar servicio a todas la persona porque no todos tienen acceso a las nuevas tecnología”. Manifestó que “hay buena disposición por parte de la Junta para volver poco a poco la normalidad con todo tipo de medidas de seguridad”. Igualmente, aludió al cultivo de remolacha, que el año pasado perdió superficie y, apuntó, “sería una pena que se perdiera en una provincia productora y con una industria importante”.