Los cazadores se han levantado en armas. Sostienen que la Unión Europea (UE) pretende “acabar con la actividad cinegética en casi toda España”. Y, lo que es peor, “con el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez”, según lamentan desde la Federación Española de Caza. Según los cazadores, con la “excusa” de eliminar el plomo en los humedales, objetivo con el que están “totalmente de acuerdo”, las autoridades comunitarias pretenden aprobar un documento que “viola nuestros derechos” y abre la puerta a prohibir la caza “casi en cualquier punto de España”. Porque en el texto se define como humedal “toda superficie cubierta temporalmente de agua”, por lo que podría serlo “hasta un charco de un metro cuadrado que se forme tras llover”, criticó Valentín Morán, dirigente de la federación.

“La cuestión no es la limitación del uso del plomo en los humedales, punto con el que los cazadores estamos de acuerdo, sino que dicha modificación vulnera derechos fundamentales, como la presunción de inocencia”, resaltan los afectados, que consideran la actual propuesta “inviable y evidentemente ilegal”, pese a lo cual la Comisión Europea (CE) ha solicitado a los gobiernos de los países miembros una votación por escrito que se ha pospuesto al mes de septiembre. En contra votarán países como Alemania, República Checa y casi todos los del sur de Europa. La Federación Española de Caza critica también que no se haya consultado a las comunidades autónomas y que tampoco se haya explicado el sentido del voto “al millón de cazadores” federados del país.

Los cazadores subrayan que si se aprueba el texto propuesto por Bruselas su aplicación en España será “difícil” porque generará “una gran inseguridad jurídica” y quebrantará la “presunción de inocencia”. Entre las “incongruencias” que denuncian los afectados destacan que se invierte la carga de la prueba; esto es, que serán ellos los que tengan que demostrar su inocencia si poseen un cartucho de plomo, incluso fuera de los humedales, cuando regresen a casa después de la caza. Algo, afirman, que va en contra del ordenamiento jurídico.

El sector subraya que el mismo preámbulo de la propuesta ya deja claras las intenciones de la Comisión, pues se refiere a “atrapar a los cazadores en el acto”, un lenguaje “inapropiado para una propuesta legislativa”, que además, según los afectados, representa “una interferencia importante con los principios fundamentales del derecho de la UE”.

La definición de humedal es otro aspecto conflictivo, pues al no señalar tamaño mínimo puede ser considerado como tal “un charco después de llover, por ejemplo”. Pero es que, además, se contemplan “zonas de amortiguamiento de 100 metros” alrededor de los humedales, en las que no se podrá ni siquiera portar cartuchos de plomo, lo que “creará una confusión generalizada, y significa que la definición de humedales es un objetivo móvil dependiendo de las condiciones climáticas”, alertan los cazadores.

“Este enfoque es contrario a la legislación de la UE porque no cumple los requisitos del principio de seguridad jurídica, ya que no es lo suficientemente detallado para su aplicación práctica”, apunta la Federación Española de Caza. “Por ejemplo, no brinda a los cazadores una comprensión clara y precisa de sus derechos y obligaciones, ni permite a los tribunales nacionales garantizar que se respeten esos derechos y obligaciones. Por lo tanto, habrá múltiples casos en los que los cazadores y los agentes del orden no sabrán si caen dentro o fuera del alcance previsto de la restricción”, añade.

La Federación Española califica de “extraño” que no haya ninguna referencia, explícita o de otro tipo, a que el uso de disparos de plomo por parte de la Policía y los militares se quede fuera del alcance de la propuesta de la CE. Añade que las críticas hacia la propuesta comunitaria no surgen por razones políticas, sino “porque sus propuestas son técnicamente deficientes y legalmente defectuosas. La Comisión ha tenido amplias oportunidades para remediar la redacción totalmente inadecuada y la ambigüedad en sus disposiciones”, indica.

“La propuesta actual de la CE contribuiría a la incertidumbre y la inestabilidad jurídica generalizadas para los estados miembros y los cazadores de Europa. Por lo tanto, la CE debería proponer un texto que sea legal y comprensible”, subraya la Federación.

Hasta el momento, veintitrés Estados miembros de la UE ya han eliminado gradualmente los disparos de plomo para cazar sobre humedales. Los cazadores españoles están “completamente de acuerdo” con aplicar “una restricción en toda la UE” sobre los disparos de plomo en este tipo de terreno, pero se quejan también de que, “sin ninguna justificación socioeconómica”, la UE propone un período de transición para aplicar la nueva norma de 24 meses, por los 36 meses que expone la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). Los cazadores respaldan esta última alternativa.

LA FEDERACIÓN PIDE AL GOBIERNO QUE CAMBIE DE CRITERIO ANTES DE SEPTIEMBRE

A. B.

La normativa impulsada desde la Comisión Europea que pretende limitar el uso del plomo en la actividad cinegética tiene por objetivo la protección de la calidad del agua y de los humedales, como sería el caso de las Lagunas de Villafáfila en la provincia de Zamora, un lugar de especial importancia para la salud de la avifauna migratoria que la habita durante una parte del año e incluso anida y se reproduce en este entorno.

Un objetivo que comparten los cazadores de la provincia que, sin embargo, no ven utilidad a las nuevas restricciones porque “ya existen en España leyes que prohíben el uso del plomo en los humedales”, como recuerda el delegado provincial de la Federación de Caza en Zamora, José Antonio Prada, quien además apunta a que en el caso concreto de las Lagunas de Villafáfila haya contaminación por plomo utilizado en la actividad cinegética ya que “se trata de una Reserva Natural y no se puede cazar en las lagunas”. Aunque sí es habitual la caza del conejo en zonas de los municipios que conforman la reserva para el control de esta población en una zona eminentemente cerealista donde son habituales los daños a los cultivos.

Prada cree que el problema principal de este proyecto de normativa no está en el fondo sino en la definición de humedal: “lleva la actual normativa al extremismo” al considerar un humedal “cualquier charco que se forme después de una tormenta”.

“Si nos denuncian por pasar con un cartucho de plomo a 100 metros de un charco, evidentemente no podremos cazar”, apostilla del delegado provincial.

Prada defiende la importancia de la actividad cinegética en la sociedad, no solo por su papel en la economía sino especialmente por actuar como un mecanismo de control de la fauna silvestre. “Después de haberse suspendido la caza durante meses con motivo de la pandemia se ha visto con mayor claridad cómo es necesaria, hay un repunte de los accidentes de tráfico causados por animales como jabalíes, ciervos y corzos, y se vio cómo la fauna se mete hasta en las ciudades. O regulamos las poblaciones o se nos va de las manos, y en esa tarea el papel de la caza es imprescindible”, argumenta el cazador.

La Comisión Europea se debería haber pronunciado sobre esta legislación el pasado 15 de julio, pero la votación fue aplazada a septiembre y la Federación de Caza insta al Gobierno de España a cambiar de opinión y unirse a otros países que están ejerciendo una fuerte oposición a la misma.