La proliferación de grandes granjas de ganado porcino en la provincia de Zamora generó a partir de 2017 una agria polémica en el medio rural de la provincia y un movimiento social de oposición a este modelo de producción que obligó a muchos ayuntamientos a posicionarse de uno u otro lado. Mientras algunos alcaldes ponían facilidades a la instalación de estas explotaciones en sus términos municipales, otros trataban de “blindar” sus pueblos frente a las “macrogranjas” utilizando su potestad reglamentaria para, por ejemplo, modificar sus planes de ordenación urbana o regular el vertido de purines. Sin embargo, algunas de estas normas municipales se encontraron también con la oposición de los ganaderos y otras instituciones que, en algunos casos, han logrado tumbar los esfuerzos reguladores de los municipios.

La contaminación de las aguas freáticas y los arroyos como consecuencia del uso de purines -los residuos orgánicos del cerdo- como fertilizantes era uno de los mayores temores de los opositores a este tipo de granjas, y por eso algunas corporaciones municipales intentaron restringir el uso de estos abonos mediante ordenanzas que imponían ciertas distancias desde las parcelas abonadas a viviendas, construcciones y fuentes de agua, o directamente gravando este tipo de prácticas. Este tipo de normativas tienen una intención disuasoria para que las empresas del sector cárnico no encuentren tan atractivos para sus instalaciones estas zonas de Zamora.

Villamayor de Campos fue uno de los primeros ayuntamientos en aprobar una ordenanza de este tipo, lo hizo en 2018. En otros pueblos de Tierra de Campos siguieron sus pasos las nuevas corporaciones surgidas de los comicios municipales de mayo de 2019, fue el caso de Castroverde de Campos o Prado.

En todos los casos este tipo de ordenanzas se encontraron con la oposición frontal de las organizaciones profesionales agrarias y algunas empresas del sector, y algunos de estos municipios decidieron retirar las normativas. El último en hacerlo ha sido el Ayuntamiento de Castroverde de Campos, por acuerdo de su pleno municipal, que consideró que “si bien es de máximo interés para el municipio la aprobación de una ordenanza municipal que regule el vertido de purines con el objeto de preservar el interés general de convivencia pacífica y calidad de vida”, la norma recibió un aluvión de alegaciones y el informe emitido por la Dirección de Administración Local de la Junta de Castilla y León muestra que el texto “no cuenta ni con el suficiente respaldo ciudadano y administrativo, ni con el suficiente detalle técnico y jurídico necesario para su aprobación definitiva”, por lo que ha muerto sin llegar a entrar en vigor.

El Ayuntamiento de Villamayor de Campos también fue apercibido por la Junta de Castilla y León para modificar o anular la normativa y en este nuevo mandato decidió derogarla. El actual alcalde, Valentín Rodríguez, que estaba en la oposición en 2018 pero apoyó la aprobación de la ordenanza, reconoce que “se hizo demasiado rápido, copiándola de una ordenanza de otro municipio, que probablemente tampoco estaba muy bien diseñada”.

Pero la ordenanza sobre purines que alcanzó mayores cotas de notoriedad fue la de Tábara, cuyo ayuntamiento no se plantea retirar la normativa. La ordenanza aprobada por este municipio y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en octubre de 2019 preocupó a las organizaciones agrarias tanto por la relevancia de este municipio y la gran extensión de su término, como por algunas de las medidas que imponía, entre ellas gravar el tránsito de purines por las vías de titularidad municipal -como los caminos agrícolas- a razón de 20 euros el kilómetro para destinar lo recaudado a un “fondo de restauración”, o la creación de varios “lugares de interés vecinal” a cuyo alrededor no se podría verter o almacenar purín.

El sindicato agrario UPA alertó del perjuicio económico que supondría para las familias ganaderas del municipio y para las jóvenes que de Tábara que quisieran instalar una granja en el futuro, y Asaja calificó la medida de “desproporcionada” y la acusó de “exceder las competencias municipales”, por lo que solicitó a la Junta de Castilla y León que impugnara la normativa. El Gobierno regional no tardó en actuar y dio al Ayuntamiento de Tábara un mes para anular la ordenanza, que a esas alturas ya había entrado en vigor.

Sin embargo, actualmente la normativa se encuentra en un proceso de revisión de oficio y el alcalde tabarés, Antonio Juárez, descarta la derogación total de la ordenanza. El proceso servirá para estudiar qué puntos concretos contravienen la legislación autonómica o nacional, y modificar los puntos que sean necesarios para dar continuidad a la normativa municipal.