El TSJ pide los datos de muertes en mayo y junio en todos los municipios y sus causas

Así lo especifica la comunicación recibida en los ayuntamientos de la provincia, desde donde se lleva la gestión de los Registros Civiles Municipales. El objetivo del Tribunal Superior de Justicia es disponer de los datos reales sobre fallecimientos y causas de los mismos para determinar el alcance real de la pandemia a través de las licencias de enterramiento expedidas en cada uno de los municipios.

En el ejercicio de las "facultades de inspección", el acuerdo del máximo órgano judicial en la comunidad autónoma, con sede en Burgos, sigue la línea de la instrucción dada el pasado mes de abril . Tras la recogida de datos se confirmó un incremento del 95% de los fallecimientos durante los meses de marzo y abril de este año (en el momento más crítico de la pandemia) respecto a los registrados en el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con los datos recabados por el Tribunal Superior de Justicia relativos a esos dos meses, un 42% de las defunciones en ese periodo es atribuible al COVID 19 y a causas compatibles con la pandemia.

La nueva instrucción remitida por el TSJ a los Juzgados de Paz pretende disponer de los datos objetivos en mayo y junio, cuando ha tenido continuidad el Estado de Alarma, a fin de cuantificar el alcance de la crisis sanitaria en Castilla y León. Los fallecimientos de marzo y abril, con sus causas específicas, pusieron en cuestión la estadística oficial.

Tras hacerse público el primer informe en mayo, el propio presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, declaró que decidió pedir las certificaciones de fallecimientos porque le llamó la atención que dos o tres semanas después de suspender las actuaciones judiciales una de las principales actividades era la atención al Registro Civil. Se decidió a pedir estos datos al observar que no cuadraba la actividad con las cifras oficiales y defendía que los españoles tienen derecho a conocer la verdad.

La nueva instrucción pretende conocer los datos "reales" relativos a los meses de mayo y junio, con la pandemia aún activa. Por ello, junto a la comunicación del acuerdo, el TSJ de Castilla y León remite las plantillas que deberán ser cumplimentadas por cada uno de los Juzgados de Paz, especificando los fallecimientos de cada día y en cada municipio en mayo y junio y precisando la causa. Además del número de licencias de enterramiento expedidas en este periodo deberán remitirse los datos de los fallecimientos globales acaecidos durante los meses de mayo y junio de 2018 y 2019, "con objeto de acceder a una panorámica comparativa".

El acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León precisa la necesidad de seguir velando para que "las certificaciones médicas de defunción que se presenten en el Registro Civil contengan la expresión de las causas de la muerte, no solo inmediata o intermedias, sino la causa inicial o fundamental, y con el fin de asegurar en la medida de lo posible en lo sucesivo una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos que aparezcan procesos patológicos o causas o intermedias que pueden considerarse compatibles o sospechosos con el coronavirus, si no se recogiera específicamente esta conclusión en la certificación". Para ello, se podrá solicitar el dictamen del médico forense del correspondiente Instituto de Medicina Legal, "acudiendo, si fuera preciso al Forense de Guardia en el Partido Judicial".

Este expediente se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, y del Consejo General del Poder Judicial "para su conocimiento y demás efectos".