Unión de Campesinos de Castilla y León alertó hoy de que los intermediarios "están presionando" a los agricultores para formalizar contratos de venta de trigo y de cebada por debajo de sus costes producción, lo que supondría un incumplimiento de la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. En este sentido, la opa insistió en que los cerealistas "no pueden asumir más bajadas de precios" y piden soluciones al Gobierno para no verse obligados a vender por debajo de coste.
Con las modificaciones aprobadas por el Ejecutivo en la Ley de la Cadena Alimentaria, estos precios deberían estar en todo caso por encima de los costes de producción. En este sentido, pone en evidencia las presiones que cerealistas de trigo y cebada estarían sufriendo para formalizar contratos de venta de 170 y 150 euros por tonelada, respectivamente, para los próximos meses, cuando en Navidad se pagaban a 200 y 180 euros, lo que UCCL considero "intolerable y dañino" para los productores.
La organización explicó que esta situación puede ser un primer test para comprobar la eficacia de las modificaciones introducidas por el Gobierno en la Ley de la Cadena Alimentaria con el Real Decreto-Ley 5/2020, pero expreso sus dudas.
UCCL recordó los "serios problemas" de rentabilidad que atraviesa el sector cerealista en los últimos años, en especial ligados a los precios percibidos por los productores, que se mantienen con valores constantes desde hace más de 20 años. Así, Unión de Campesinos pone como ejemplo que el trigo en 1998 se pagaba a 27,5 pesetas, mientras que en 2020 se paga a 33,5 pesetas equivalentes. Sin embargo, la barra de pan, que entonces costaba 45 o 50 pesetas, hoy alcanza las 120 y 150 de media.
Lo mismo ocurre con la cebada (21,9 pesetas en 1998 y 26,3 en 2020) y el maíz (24,3 en 1998 y 29,7 este año), con subidas mínimas e "incomparables" a los incrementos de los costes de producción. "Ningún sector económico sigue vendiendo a precios de hace 20 años, salvo en el agrario, como está pasando con los cereales", lamentó UCCL. A esta crisis continua de precios, favorecida por la "especulación de las grandes corporaciones en los mercados internacionales", la organización añade los "continuos recortes que se vienen sucediendo en la PAC en las últimas reformas" y la nueva propuesta de la Comisión Europea de recortar un 13 por ciento su presupuesto para el periodo 2021-2027, lo que puede hacer que muchas explotaciones "cierren sus puertas por falta de rentabilidad y España tenga que incrementar las importaciones de cereales, con el consecuente impacto en el precios de los alimentos y en el medio ambiente".
La organización recordó la elevada dependencia que tienen las explotaciones cerealistas de las ayudas PAC, que representan el 52,3 por ciento de su valor añadido neto, muy por encima de la media del 25,4 por ciento del resto de producciones.
Los cereales en España ocupan seis millones de hectáreas de superficie. Las estimaciones de la Comisión ofrecen un posible aumento de la producción estatal y europea para la campaña 2020-2021, aunque todavía son "preliminares" y vendrán condicionadas por las condiciones climatológicas que se darán en los próximos meses.
UCCL denunció que, si no se hace nada, una campaña que "se preveía buena para los productores puede acabar siendo ruinosa", por lo que solicitó apoyo al sector por parte del Gobierno para solventar esta crisis estructural de precios, ya que considera que un sector del peso del cerealista, con unas 280.000 explotaciones que gestionan más de seis millones de hectáreas de superficie, un tercio del total de tierras de cultivo, "necesita ir más allá del horizonte de la campaña y planificar su futuro".
En el corto plazo, la organización propone que se destinen recursos a medidas para aumentar la demanda nacional o instrumentos para ajustar la oferta. Como medidas estructurales, la organización solicita al Gobierno que defienda con "uñas y dientes" el mantenimiento del presupuesto para la futura PAC frente las instituciones europeas, para evitar que sectores con rentabilidades tan vulnerables como el cerealista se vean afectados. También la organización reclama al Ejecutivo que valore la función clave de las explotaciones cerealistas de secano en el mantenimiento de la biodiversidad - y destine recursos suficientes para apoyar dicho papel, así como que impulse la política de biocombustibles en favor de las medidas para atenuar el cambio climático, lo que podría contribuir a mejorar la rentabilidad del sector estatal. "No somos productores de una commodity, de una mercancía más, sino de un alimento básico con un papel fundamental en los territorios", concluyó la organización en un comunicado.
