Los cazadores han recibido como una buenanueva "y como lógico" que la práctica cinegética quede permitida a partir de hoy en los territorios integrados en la fase 1. Es una cuestión que habían llevado al Supremo y que incluso habían reclamado -sin conseguirlo- como necesaria durante el estado de alerta sanitaria para hacer efectivo un control de especies que consideran que, de no realizarse, puede ocasionar cuantiosos daños sin saberse muy a quien corresponderían las indemnizaciones.

"Queda permitida la actividad cinegética en todas sus modalidades siempre que se respete la distancia de seguridad y las medidas de higiene y prevención fijadas por las autoridades sanitarias". "Para el desarrollo de la actividad cinegética organizada que implique a más de un cazador, se deberá disponer de un plan de actuación por parte del responsable en el que se detallen las medidas de prevención e higiene a observar" dicta la disposición publicada el sábado.

Como medidas de higiene y prevención aplicables a la actividad cinegética se marcan que "cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad establecida será obligatorio el uso de mascarilla". Asimismo, "no se compartirán utensilios de caza ni utillaje de comida o bebida, se deberá limpiar y desinfectar el vestuario después de su uso de acuerdo con lo previsto en el artículo y se deberán limpiar y desinfectar los utensilios de caza y pesca utilizados."

En la provincia de Zamora, las zonas básicas de salud de Alta Sanabria, Carbajales de Alba, Tábara, Santibáñez de Vidriales, Alcañices , Corrales del Vino, Villalpando, Camarzana de Tera, Villarín y Mombuey.

Sin embargo, aunque en un principio hacían referencia a permitir la caza por cazadores del término, para evitar los desplazamientos, ahora quieren trasladar al Gobierno que acepte "la aclaración" de que "quienes tengan los derechos cinegéticos fuera de la provincia o de la comunidad autónoma puedan ir a ejercerlos" y, para ello, requieren la admisión de una movilidad más amplia.

En la provincia de Zamora son miles las hectáreas de terreno cuya caza es gestionada por personas residentes en Madrid u otras comunidades. Concesionarios de estos aprovechamientos ponen de manifiesto que "no importa que se viva al lado o a 300 kilómetros porque lo suyo es que cumpla con las medidas sanitarias. Se están pagando los cotos y el desplazamiento puede ser justificado con un documento que acredite el motivo. Se trata no vulnerar unos derechos particulares y patrimoniales adquiridos sobre unos derechos cinegéticos". Reiteran que la caza "debería ser considerada actividad esencial por razones de control sanitario y de la población de especies para evitar la posible entrada de la peste africana porcina u otras".

Esta autorización de la caza ha levantado las críticas de las organizaciones conservacionistas, como Ecologistas en Acción, que no entienden cómo puede permitirse el movimiento de cazadores y restringirse el de los atraídos por la naturaleza.