A pesar de las tristes historias acerca de algunas residencias de ancianos que se han podido escuchar durante esta pandemia, lo cierto es que muchos centros de este tipo se encuentran, por el momento, libres de COVID-19 y que sus trabajadores hacen todo lo posible porque el virus no entre en las instalaciones, no sin dificultades por la escasez de medios de protección imprescindibles en unos lugares donde todos sus residentes, por el simple hecho de su avanzada edad, se encuentran entre los colectivos más vulnerables a esta enfermedad.

Un ejemplo, entre muchos otros, es la residencia Fundación La Inmaculada de Villalpando, con 85 residentes. La dirección del centro decidió, por precaución, cerrar la residencia a las visitas el 10 de marzo, cuatro días antes de la declaración del estado de alarma en España, una medida que más tarde ha sido aplaudida por la mayoría de las familias que habían confiado a esta residencia el cuidado de sus mayores. También se despejó y aisló un ala del edificio donde ubicar, si se diera el caso, a los residentes que presenten síntomas con el fin de evitar el contagio entre los ancianos. Un plan que, por fortuna, no ha habido que poner en marcha hasta la fecha ya que ninguno de los residentes ha dado muestras de tener el virus.

Tampoco entran ya los proveedores de la cocina, que deben dejar en la puerta los productos, cuyos envases son desinfectados uno por uno para evitar riesgos.

Igualmente, las cuidadoras han introducido nuevas rutinas en su jornada laboral, como desinfectar el calzado con lejía a la entrada, a pesar de que se lo van a quitar para cambiarlo por calzado sanitario, y tomarse la temperatura al comienzo y al final de su turno. Los uniformes de colores están ahora al fondo del armario y han recuperado los antiguos uniformes blancos, que se pueden lavar con lejía, algo que hacen dentro de la propia residencia al final de cada jornada. Nadie se puede llevar a casa la ropa de trabajo.

Por su parte, el Ayuntamiento desinfecta a diario los alrededores de la residencia, y el personal de servicios del centro hace lo propio con los accesos y los patios interiores, además del interior del edificio.

Pero todos estos esfuerzos se ven minados por la falta de materiales, como gel hidroalcohólico, guantes sanitarios o mascarillas. Y no es por falta de recursos económicos por parte de la fundación. "Nuestros proveedores no tienen material que vendernos, porque el Gobierno se queda todo lo que sale de las fábricas", explica la directora de la residencia de Villalpando, Arantxa Dúo Delgado. Durante el estado de alarma, Gobierno central es el que acapara todo el material sanitario y lo distribuye entre las Comunidades Autónomas.

Tras mucho pedir, La Inmaculada consiguió esta semana un lote de mascarillas de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, antes de eso tuvieron que recurrir a la buena fe y la solidaridad de las mujeres de la comarca, y de muchas otras de Benavente o Valladolid, que confeccionaron máscaras de tela algodón en sus casas. "La respuesta fue abrumadora, estamos muy agradecidos", reconocen desde la residencia, que también ha recibido muestras de solidaridad de empresas como Lácteas Cobreros que donaron otros elementos de protección.

Lo que aún faltan son guantes de nitrilo, los más recomendables para las residencias de mayores, están usando guantes de látex, pero tampoco son fáciles de encontrar en el mercado en estos días.

Pero no solo falta material, desde las residencias de mayores también se quejan de la "falta de protocolos" por parte de todas las administraciones públicas. En el caso del centro de Villalpando, mantienen aislada en su propia casa, por precaución, a una trabajadora que viajó a Madrid entre el 11 y el 13 de marzo. La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León requirió a la dirección del centro que ordenara a la empleada acudir a su centro de salud para solicitar un test y confirmar o descartar un posible contagio de COVID-19. Pero los centros de salud -que también administra la Junta- no están realizando estas pruebas de detección del coronavirus.

Cuando la residencia comunicó a Servicios Sociales que en el centro de salud habían denegado el test a al trabajadora, la respuesta firmada por el gerente territorial de Zamora fue que "en vuestra autonomía en materia laboral pueden tomar las medidas legales que de acuerdo con la normativa actúe con la trabajadora".