El Ministerio del Interior obligó a la Junta de Castilla y León a desautorizar el control de las especies cinegéticas, mediante la práctica de diferentes modalidades no colectivas, tales como esperas y aguardos, cuya posibilidad había dado a conocer la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a gestores, titulares y arrendatarios de cotos.

Éstos habían pedido a Medio ambiente "una aclaración" para frenar los daños de las especies salvajes a los cultivos y frutales en el transcurso de periodo que dure la emergencia sanitaria, por temor a que se les hiciera responsables de los daños.

"En la Junta querían permitir estos controles poblacionales de ciervos, corzos, jabalíes y conejos, y fue el Ministerio del Interior quien lo bloqueó porque no querían ver a nadie por las carreteras ni por las calles circulando con armas" expresan fuentes conocedoras de esta operación administrativa.

Y es que el Gobierno ha centralizados diversas competencias autonómicas para gestionar con mano firme las medidas impuestas al entrar en vigor el decreto de declaración de alarma sanitaria para frenar la pandemia ocasionada por el coronavirus, todavía al alza en positivos y muertes.

Solo dos días después de haber informado a favor de permitir el control faunístico, el departamento que dirige el consejo de Fomento y Medio Juan Carlos Suárez-Quiñones tiró por tierra la decisión de los técnicos y anuló la aclaración admitiendo las medidas del decreto de alarma sanitaria. Una vuelta atrás reclamada por los conservacionistas y que ha llevado incluso a asociaciones de la Guardería Medioambiental a pedir la dimisión del director del Patrimonio Forestal José Árranz.

Responsables de Medio Ambiente de la Junta han trasmitido, no obstante, a representantes del sector de la caza que todavía siguen buscando soluciones "que harán entrega de los precintos para la caza del corzo, pero no al arrendatario, sino a los titulares de los cotos porque ahora mismo no existe constancia de si han hecho efectivos los pagos, y quieren curarse en salud", al decir de uno de los gestores participantes en los diálogos. Es una cuestión que se adelantada al programa "Caza, Pesca y Naturaleza" que dirige Marcos Ruiz Espín en Radio Intereconomía.

Otra cuestión tratada tiene que ver con la autorización de la guardería de campo -en Zamora solo unos cotos cuentan con este personal- para realizar los controles de las poblaciones de especies cinegéticas. Según las fuentes estas personas realizarían los aguardos o esperas como una gestión "de trabajo y no como cazadores", lo que les permitirán desplazarse hasta los cotos para actuar.

Contarían, según afirman, con una autorización "nominal" dada por la Administración regional . Ala Junta de Castilla y León se les ha trasmitido la propuesta de que permitan realizar este trabajo "a una o dos personas locales", con autorización igualmente nominal.

En estos momentos lo que más preocupa a los cazadores es "quién será el responsable de los daños que causen las especies cinegéticas", como el jabalí, el ciervo, el corzo y el conejo, en las parcelas agrarias, en cultivos y frutales.

El sector cinegético está convencido de que al no haber aprovechamiento o control de las especies, por medio de esperas, recechos y modalidades no colectivas, realizadas por cazadores locales que no exigen desplazamientos, los daños y perjuicios se incrementarán notablemente y los propietarios exigirán más pronto que tarde responsabilidades e indemnización por los perjuicios.

El sector de la caza se ve obligado a mantener las armas enfundadas en casa porque el miércoles no podrá iniciar la captura del corzo al estar suspendida la práctica cinegética a consecuencia de las medidas decretadas con motivo de la alarma sanitaria.

Sin embargo, los cazadores confían en que el personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente "esté haciendo los deberes para cuando se levante la emergencia y pueda volverse a la actividad esté todo preparado".

Fuentes del sector cinegético señala que "no se justificaría un tapón" en la entrega de precintos, en la fijación de cupos y en la resolución de las cuestiones administrativas. Los funcionarios "siguen cobrando y deberían tenerlo todo al día para dar agilidad cuando llegue el momento" manifiestan.

Además, consideran que la coyuntura actual es favorable a los funcionarios del Servicio de Medio Ambiente para trabajar en estas cuestiones porque corren unos momentos de desagobio, con menos llamadas telefónicas y ausencia de gestiones directas con el personal.