El Procurador del Común solicita a la Consejería de Agricultura que "extreme el control" de las solicitudes de ayudas procedentes de la PAC y lleve a cabo las comprobaciones precisas para verificar que los solicitantes cuentan con los títulos de propiedad o arrendamiento sobre las fincas. La institución ha tenido conocimiento de "situaciones en las que algunos solicitantes de las ayudas PAC no eran propietarios ni legítimos poseedores de algunas de las parcelas sobre las que solicitaban las ayudas". Cuando estas situaciones derivan en denuncia por parte de los verdaderos propietarios de las fincas, la Administración impide el pago de la ayuda y reclama lo que indebidamente se hubiera abonado.