Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anula el programa de caza del lobo 2016-2019 y declara ilegal la muerte de 91 ejemplares, aunque Ascel la eleva a 173 lobos en Castilla y León. De acuerdo con el fallo de 27 de diciembre de 2019. la Junta de Castilla y León debe "reparar el daño" causado por la muerte de lobos batidos en ese periodo. Una cantidad que, según la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) que interpuso el recurso contencioso-administrativo, se eleva a 1.602.153 euros. Sin embargo el TSJ cifra esa indemnización en 842.751 euros por los 91 lobos abatidos durante el año 2016.
La sentencia anula los aprovechamientos comarcales de lobo al Norte del Duero 2016-2019, aprobados por la Resolución de la Junta de Castilla y León de 29 de julio de 2016 y determina que es obligado compensar la muerte (en la medida de lo posible) de los ejemplares acaecida a lo largo del trienio 2016-2019. Según Ascel, durante ese periodo se abatieron 173 lobos, desglosados en 91 (2016) a los cuales hay que añadir los 82 del año 2017, antes de que se procediera por la Sala a una suspensión —a instancias de la Asociaciónn para la Conbservación y Estudio del Lobo Ibérico— en la temporada 2018.
"Ello supone un importe de 1.602.153 euros, sanción que impone el Tribunal a la Junta, que debe disponer de ese dinero público a fin de reparar el daño causado al medio ambiente por la caza de lobos, mediante la presentación de un programa que, como mínimo, deberá comprender las actuaciones necesarias para la recuperación del lobo ibérico, su conservación y para la divulgación de la importancia de la especie".
Para Ascel, la compensación económica establecida supone, "en su finalidad, un cambio de rumbo histórico. No cabe pensar que el actual Programa de Aprovechamientos Comarcales 2019-2022, calco deteriorado del ahora anulado, sin respaldo del Plan del Lobo (anulado), ni del Decreto de Caza (anulado en lo que al lobo toca), pueda tener distinto fin".
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