Vecinos de Boya, copropietarios del monte denominado de socios, de propios o "comprado", han constituido una Junta Directiva para sacar adelante la legalización de este monte, comprado en el XIX al conde de Benavente, que a su vez lo adquirió tras los procesos desamortizadores del Gobierno. Quienes se consideran dueños de este bien rústico, de unas 420 hectáreas, celebraron el sábado una reunión para llevar a cabo los trámites pertinentes y legalizar un patrimonio que en estos momentos permanece en un vacío legal. "Intentamos legalizarlo y tener un título de propiedad de un monte que es proindiviso, que no puede repartirse, aunque en el Catastro lo tienen por las partes que corresponde a cada uno" expresa Florentino Gil.

"La Junta Directiva, que representa a todos los socios del monte, se ocupará de hacer las gestiones oportunas para declararlos dueños de pleno derecho', según se informa. Ponen de manifiesto que "ante el vacío legal que existía para amparar a estos montes también denominados de socios, porque los gestiona una asociación, comunidad de bienes u otras figuras asociativas, repartidos por toda la geografía nacional, se ha introducido una modificación en la vigente Ley de Montes del año 2015 que contempla y da cobertura legal a esta clase de montes casi olvidados por el Estado". Con esta nueva herramienta pretende trabajar la comisión formada por los socios para dar visibilidad y forma legal a sus propiedades.

Los propietarios señalan que "con estas actuaciones, los vecinos de Boya tratan de reconocer el enorme esfuerzo económico que hicieron sus bisabuelos para dejarle en herencia unos bienes rústicos que, con el abandono del campo y la masiva emigración a las grandes ciudades, se ha devaluado y sumido el más absoluto olvido. A la vez que procuran involucrar a las nuevas generaciones en proyectos rurales relacionados con el campo, el medio ambiente y sus recursos económicos".

Se trata de una extensa superficie de aproximadamente 420 hectáreas de monte bajo, pastos y repoblaciones forestales, en condición de proindiviso que posee escritura de compra original firmado por los adquirientes y detallada información de los límites que lo acotan.

Los propietarios, herederos de los 40 que en principio adquirieron el monte, tratan de obtener un rendimiento de los aprovechamientos de este bien rústico, que de momento no perciben por carecer de título de propiedad. Gil afirma que cuando se construyó el embalse de Valparaíso se abonaron 6.000 euros por el terreno de monte inundado, un dinero que fue a parar a una Caja Depósito y que los propietarios nunca cobraron. Como tampoco el dinero pagado por la expropiación de suelo que conllevó la ampliación de la carretera que enlaza con Alcañices.