Los municipios con centrales y embalses "no entienden por qué las gentes de los territorios donde se produce la energía han de pagar la parte correspondiente al transporte en los recibos de la luz" por decirlo con palabras de Miguel Gracia, presidente de la Diputación de Huesca, que participó con una ponencia en la IX Asamblea General celebrada en Toledo por la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, en la que participaron diversos alcaldes de la provincia de Zamora, entre otros, los regidores de Villardeciervos, Almaraz y Mombuey.

Los peajes de la electricidad por transporte y distribución suponen alrededor del 32 por ciento de coste del recibo de la luz, y la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone su rebaja para el consumidor

Los regidores afectados por centrales y embalses seguirán luchando, muy especialmente, por conservar la tributación de las eléctricas con un tipo impositivo de 1,3, que para muchos municipios "representa el principal ingreso". "Seguiremos atentos" a que no se modifique a la baja esta tributación", afirman José Martín, alcalde de Almaraz, y Lorenzo Jiménez, regidor de Villardeciervos, de la Asociación para el Progreso de Municipios Afectados por Embalses y Centrales Hidroeléctricas, que defienden una gestión transparente sobre el área de la energía.

En la memoria entregada a los asistentes se hace un recorrido de los objetivos conseguidos y del avance de la normativa desde los años de 1970 y, especialmente, desde 1995 con la constitución de la Federación, que ha pasado de 80 a más de 650 adheridos.

El asesor jurídico Javier Gonzalo Migueláñez, que anunció que deja la asesoría (al parecer por cumplir 65 años), informó sobre la creación evolución y futuro del IBI los Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICEs) de las centrales hidroeléctricas y embalses, así como de la situación jurídica de las concesiones hidroeléctricas y las caducidades. En la memoria ocupa un apartado la problemática de la aprobación de las nuevas ordenanzas de los Bienes Inmuebles de Características Especiales y su liquidación. Se pone de relieve que "las compañías eléctricas recurrieron tanto las nuevas ordenanzas redactadas por la Federación, con previsión de lo BICES, y los nuevos tipos aplicables hasta el 1,3% (antes tributaban al 0,6%), así como las posteriores liquidaciones giradas por ayuntamientos y diputaciones". Se apunta que "el Tribunal Supremo, y los demás tribunales de inferiores instancias, desestimaron todos los recursos de las empresas, consolidando el IBI BICEs desde el año 2003".

La Federación resalta que los tribunales "sentaron como doctrina consolidada que la nueva figura jurídica de Bienes Especiales, creada por Ley, se ajusta a la Constitución, y los saltos de agua, las presas y embalses se hallan sujetos al IBI como Bienes de Características Especiales". Otra batalla ganada, que también impugnaron las compañías eléctricas, tuvo que ver con los Reales Decretos de desarrollo de la Ley del Catastro y de valoración de los BICEs.

El presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, expuso en la Asamblea las iniciativas legislativas planteadas en relación con la energía hidroeléctrica, las infraestructuras necesarias y su repercusión en el territorio. Según informó ayer su gabinete de prensa, reparó en la posibilidad de impulsar nuevas vías como pedir una legislación que permita a los ayuntamientos una capacidad impositiva en este concepto o instar a la Unión Europea a que contemple tasas o impuestos por servicios ambientales. Gracia subrayó la unanimidad alcanzada en la institución provincial oscense para presentar propuestas legislativas sobre la compensación territorial por la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos, para dotar de regulación la reversión de instalaciones de dominio público local derivada de la caducidad de las concesiones o sobre la bonificación del transporte de energía hidroeléctrica. Al respecto, argumentó que "no se entiende por qué las gentes de los territorios donde se produce la energía han de pagar la parte correspondiente al transporte en los recibos de la luz".

En cuanto al abanico de posibilidades que se estudian de cara a compensar a los municipios afectados se refirió a que la legislación contemple que los ayuntamientos tengan capacidad impositiva sobre estas infraestructuras, como sí que tienen sobre ellas la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma". "Se debe corregir también que tras la caducidad de la concesión pasa a ser gestionada por la Administración General del Estado o la Confederación Hidrográfica del Ebro, los ayuntamientos dejan de recibir las correspondientes compensaciones", indicó.

Precisamente, la asamblea eligió la constitución de la nueva Junta Directiva, que pasa a ser presidida por Francisco Pérez, alcalde de Sacedón y diputado autonómico en el Parlamento de Castilla La Mancha.