El escritor e historiador José Álvarez Junco volvió una vez más a la villa donde pasó su infancia "y que todavía ocupa gran parte de mis sueños", Villalpando, para hablar ante un auditorio lleno sobre uno de los temas acerca de los que más sabe el catedrático emérito de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Políticos y Sociales en la Universidad Complutense de Madrid: naciones y nacionalismos, centrándose en este caso en el problema del encaje en Cataluña dentro de España.
Álvarez Junco comenzó desmontando un mito repetido por el nacionalismo español: España es una nación con 2000 (o 3000, según quién) años de antigüedad. En tiempos del Imperio Romano se hablaba de "Hispania", pero se refería a un territorio, no a una nación, ya que el concepto actual de nación como identidad colectiva no surge hasta los siglos XVIII-XIX.
"La idea de que las naciones son algo natural y que ha existido siempre llevó a la humanidad a las dos guerras mundiales. Las naciones son un fenómeno reciente, construido y cambiante con el tiempo", prosiguió el catedrático enunciando esta idea que para todos los estudiosos en la materia es un consenso hoy en día pero que no aceptan ni los nacionalistas españoles ni los nacionalistas catalanes, como destacó el prestigioso escritor de origen villalpandino Félix G. Modroño, presentador el acto.
Antiguamente, nación era sinónimo de extranjero: "Es muy rubio, debe de ser nación", recogía en el siglo XVIII el diccionario de autoridades de la RAE. El primero en enunciar el actual concepto de nación fue Jean-Jacques Rousseau, que hablaba de que en el hombre conviven dos identidades, una individual y otra colectiva. Las naciones crean identidades colectivas con una moral distinta y superior a la de los individuos: "si a alguien le roban la cartera seguramente piense que moralmente está mal matar al ladrón, pero si Francia invade un valle español entonces sí está justificado y es un deber moral que España mate para recuperar ese valle", ejemplificó el profesor.
Dentro de este contexto, una nación es un grupo de individuos que se creen dueños de un territorio y deciden sobre él. Dentro de esta lógica un conflicto como el catalán no tiene solución, porque para los nacionalistas catalanes los que deben decidir el futuro de Cataluña son los catalanes y para ellos "el que no acepte eso no es un demócrata". En cambio, para los nacionalistas españoles el futuro de Cataluña lo deben votar todos los ciudadanos de España "porque Cataluña es parte de España de forma natural y no me puedes cortar un brazo sin preguntarme".
En España existe esta diferencia de perspectivas porque la nación española se construyó sobre una base muy débil, en el siglo XIX, con continuos cambios de gobierno y de régimen y un Estado muy débil, sin una Hacienda para costera infraestructuras y servicios que, a diferencia de Francia después de la revolución, dejaba la Educación en manos de la Iglesia Católica. La Iglesia no estaba interesada en educar españoles sino católicos, y para ello enseñaba el catecismo en catalán, en castellano o se hace nacionalista catalana si hace falta.
Para colmo, los dos únicos polos industriales de España surgen en las ciudades donde existe una lengua diferente a la de la capital, Bilbao (vinculada comercialmente a Londres) y Barcelona (vinculada comercialmente a París) cuyas élites burguesas no se van a dejar someter por una capital que es percibida como provinciana, "un pueblo manchego".
Por lo tanto, la solución según Álvarez Junco pasa por el diálogo con los catalanes, pero con los catalanes no nacionalistas, que constituyen más de la mitad de la sociedad catalana, y por consensuar una reforma de la constitución. Desde su punto de vista, la Carta Magna debería dejar por escrito qué competencias corresponden a cada nivel de gobierno (municipal, regional, estatal y europeo), qué impuestos recauda cada institución para autofinanciar sus competencias propias, que exista un mecanismo de arbitraje (Tribunal Constitucional) participado por jueces de todas las Comunidades Autónomas, convertir el Senado en una verdadera cámara territorial y repartir las instituciones del Estado central entre distintas ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao.
