El grupo Popular de Puebla de Sanabria, ha solicitado un informe jurídico que aclare el estado de tramitación del expediente del centro asistencial y que sea elevado al pleno, para que se aclare o en su caso se pueda volver a impulsar un proyecto ampliamente esperado por los vecinos del municipio.

El pleno se celebró a instancias del Grupo Popular, que presentó el día 24 de octubre la solicitud. En escrito del mismo día los concejales del PP solicitaron que antes del mismo se emitiese un informe de Secretaría. "Según la ley, tenía 10 días para redactar el informe y no lo hizo", afirma el grupo de ediles de la oposición, por lo que solicitaron al alcalde la suspensión de la sesión plenaria hasta tener toda la información necesaria.

Sin embargo, sí se celebró el pleno, donde según el PP el portavoz socialista, Manuel Santiago, "no contestó a la cuestión principal que le planteamos, ¿qué pasó con el terreno y qué gestiones se han hecho para contar con una residencia? Al final sólo pudimos sacar algo en claro: que la parcela se vendió alegando competencias municipales", opina el PP, quien también señala que los socialistas no se pueden escudar en la Ley Montor, de 2012, porque el convenio con la empresa que iba a hacer la residencia se firmó en 2006.

Los populares aseguran que después del Pleno esperaron para ver el expediente, y cuando todos los ediles se encontraban en el despacho del alcalde y dependencias de Secretaría, "se vertieron amenazas al cabeza de lista del grupo popular, referidas tanto a su ámbito personal como laboral".

Finalmente, los concejales del PP pudieron acceder al expediente, bajo la vigilancia de la Policía Local. Una vez analizado el convenio y el pliego de condiciones, los ediles de la oposición creen que "queda muy claro que se realizó una venta condicionada a una empresa, que estaba obligada a la urbanización de las parcelas y a la ejecución de manera paralela del conjunto asistencial de la tercera edad junto con las viviendas que sí fueron ejecutadas por la comunidad de propietarios, es decir, los particulares sí cumplieron. El Ayuntamiento se había reservado el derecho de reversión de la parcela y las obligaciones del empresario eran claras. Lo que no se aclara y tampoco comprendemos es ¿Por qué no se ha hecho nada para hacer valer los derechos del ayuntamiento? ¿Por qué no se ejecutaron las obras conjuntamente con las viviendas que sí se ejecutaron? ¿Dónde están las certificaciones de obra que demuestren que lo que se ha ejecutado cuesta los 600.000 euros que alegan ahora y a los que sí estaba obligado en el convenio el comprador de las parcelas? ¿Dónde están las actas de recepción de las supuestas obras ejecutadas? El alcalde y su portavoz pueden decir lo que les venga en gana, pero el hecho cierto, es lo que reflejan los papeles y a ellos nos remitimos. Nuestra intención y nuestro único cometido tanto en esta como en muchas otras cuestiones, es trabajar para la defensa del patrimonio municipal, el impulso de este expediente y para que todos podamos disfrutar de un centro asistencial, que llevamos largos años reclamando".