El Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sostiene que la Ley de Caza aprobada en Cortes no peca de inconstitucionalidad y defiende los planteamientos del magistrado, Felipe Fresneda, que formuló un voto particular al auto de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que, firmado por cuatro magistrados, plantea, sin embargo, una cuestión de vulneración de la Constitución.

Incide el consejero en los argumentos del magistrado que, con su voto, rompió la unanimidad de la Sala, y señala que "llega a hablar de fraude de ley por la negativa de Tribunal a que la Junta desistiera del recurso de reposición planteado".

"No compartimos en absoluto los planteamientos de la sala", manifestó. "En el Constitucional defenderemos lo que se tenga que defender porque es una Ley aprobada en las Cortes de Castilla y León, y es fruto de una proposición de Ley de varios partidos (PP, Ciudadanos y PSOE) y se defiende la constitucionalidad" expresó Suárez-Quiñones en Carracedelo (León) donde inauguró la Feria de la Castaña.

En su voto particular, el magistrado cuyos argumentos hace suyos el consejero, razona que "sin negar que cabe plantear cuestiones de inconstitucionalidad, en el presente caso procesalmente no ha debido dictarse tal auto, en tanto que la letrada de la comunidad autónoma desistió del recurso de reposición interpuesto frente al auto del 21 de febrero". Desestimiento que denegó la Sala. El magistrado expresa que "no puede entenderse que el presente momento sea el adecuado para plantear la reiterada cuestión de inconstitucionalidad, ya que se ha forzado su interposición en un momento procesal que era el adecuado y se ha efectuado de una forma precipitada".

Es de señalar que este magistrado ya formuló su voto particular cuando se adoptó la medida cautelar de suspender la caza por autor de 21 de febrero de 2019.

El consejero Suárez-Quiñones subrayó que "tenemos claro que la defensa de la caza es a ultranza, porque somos conscientes de que la caza es un interés prevalente de Castilla y León desde el punto de vista económico, social, del mantenimiento adecuado de las especies, de una población razonable de las especies, controlada, estudiada científicamente, determinada en la actuación de muchos técnicos y funcionarios que hacen que esa caza sea responsable, y la defenderemos hasta el final".

Anunció que "estamos trabajando en un nuevo texto, y tenemos un primer borrador que hemos presentado a cazadores y sociedades conservacionistas, y que se presentará a las organizaciones agrarias". A partir de ahí, dijo, "entramos en un diálogo político para tener un proyecto de Ley aprobado en el Consejo de Gobierno y presentado en la Cortes de Castilla y León".

Resaltó que en la Junta de Castilla y León "trabajamos por los intereses generales" de la comunidad "y hay determinadas entidades que no trabajan por esos intereses".

Por su parte, el delegado provincial de Caza de Zamora, José Antonio Prada, manifestó hoy que "vamos a seguir trabajando por dejarlo todo atado y bien atado para que no venga nadie a echarlo abajo".

En tanto no resuelva el Constitucional, los cazadores pueden seguir adelante con la práctica cinegética y, al tiempo, estudiando el borrador que la Junta ha remitido, pero del que ayer no tenían conocimiento algunas colectivos del sector de la caza.