La Junta de Castilla y León ha requerido a los ayuntamientos la documentación sobre los acuerdos plenarios adoptados en relación con la gestión de los purines. Así lo ha confirmado la delegada territorial, Clara San Damián, quien asegura que las ordenanzas municipales aprobadas serán revisadas por los letrados de la administración regional para comprobar si se ajustan a la legalidad.
Por ello se ha requerido desde la Dirección General de Política Local a los ayuntamientos que han regulado el vertido de purines y estiércoles para que remitan los expedientes "porque se van a examinar todos a ver si se vulnera la normativa autonómica". Y se les requiere porque los ayuntamientos "tienen la obligación legal de remitir todos los acuerdos a la Junta y la Subdelegación del Gobierno pero la mayoría lo incumplen" precisó San Damián.
"A veces nos enteramos por el Boletín Oficial de la Provincia de la aprobación de una ordenanza como la de Tábara, de la que no teníamos conocimiento. Ahora toca iniciar los trámites, requerir a los ayuntamientos que nos remitan los expedientes y serán los jurídicos los que determinen si cumplen o no con la normativa, sobre todo en el traslado de los purines".
La polémica ha saltado a raíz de la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Tábara relativa al vertido de purines, estiércol y otros residuos de origen ganadero. La decisión fue muy contestada por las organizaciones agrarias. UPA ha pedido la derogación de la normativa que "podría llevar al cierre de las explotaciones ganadera familiares de esta localidad".
Asimismo en una reunión de Clara San Damián con representantes del sindicato Asaja, éstos valoraron que la normativa era "desproporcionada" y consideraban que era una "usurpación de competencias" en la regulación de este tipo de explotaciones.
Por su parte, la organización agraria COAG publicó un informe elaborado por sus propios servicios jurídicos concluyendo que las ordenanzas municipales reguladoras del vertido de purines, estiércoles y otros residuos procedentes de fuentes de origen ganadero "invaden diferentes ámbitos de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas". La organización ha explicado que "muchas de las disposiciones" que contienen estas normas que se están elaborando a nivel municipal "contradicen y vulneran la ya exigente legislación sectorial de aplicación, siendo por tanto las mismas nulas de pleno derecho".
La ordenanza reguladora del vertido de purines, estiércoles y otros residuos ganaderos en el término municipal de Tábara establece una serie de restricciones y gravámenes, como por ejemplo por el transporte de estos residuos por las vías de titularidad municipal a razón de 20 euros el kilómetro. El dinero recaudado se destinará a un "fondo de restauración" para invertirlo en estudiar y reparar el impacto sanitario, medioambiental y económico generado por los estos productos.
