La Junta de Castilla y León ha requerido a los ayuntamientos la documentación sobre los acuerdos plenarios adoptados en relación con la gestión de los purines. Así lo ha confirmado la delegada territorial, Clara San Damián, quien asegura que las ordenanzas municipales aprobadas serán revisadas por los letrados de la administración regional para comprobar si se ajustan a la legalidad.
La polémica ha saltado a raíz de la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Tábara relativa al verdido de purines, estiércol y otros residuos de origen ganadero. La decisión fue muy contestada por las organizaciones agrarias. UPA ha pedido la derogación de la normativa y en reunión de Clara San Damián con representantes del sindicato Asaja, éstos valoraron que la normativa era "desproporcionada" y consideraban que era una "usurpación de competencias" en la regulación de este tipo de explotaciones.
Por su patre, ls organización agraria COAG publicó un informe elaborado por sus propios servicios jurídicos concluyendo que las ordenanzas municipales reguladoras del vertido de purines y otros residuos procedentes de fuentes de origen ganadero "invaden diferentes ámbitos de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas".
El Ayuntamiento de Tábara ha aprobado una ordenanza reguladora del vertido de purines, estiércoles y otros residuos ganaderos en su término municipal que establece una serie de restricciones y gravámenes, como por ejemplo por el transporte de estos residuos por las vías de titularidad municipal a razón de 20 euros el kilómetro. El dinero recaudado se destinará a un "fondo de restauración" para invertirlo en estudiar y reparar el impacto sanitario, medioambiental y económico generado por los estos productos.
