La organización agraria COAG ha publicado un informe elaborado por sus propios servicios jurídicos que concluye que las ordenanzas municipales reguladoras del vertido de purines y otros residuos procedentes de fuentes de origen ganadero "invaden diferentes ámbitos de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas".

Entre otras normas que vulnerarían las ardenanzas se encontrarían la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, el Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento y del Consejo de 3 de octubre de 2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por la que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León; y el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León. Existe igualmente normativa sobre la condicionalidad de las ayudas de la PAC que regula aspectos concretos de la aplicación de los purines y estiércoles.

A su vez, argumenta el sindicato agrario, "esta extralimitación competencial está avalada por diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justiciade Castilla y León" y citan como ejemplo la sentencia de 2016 que anuló las ordenanzas sobre explotaciones apícolas al concluir que "no existe ningún título competencial sectorial que permita o justifique el dictado de la ordenanza impugnada".

Por eso, COAG Castilla y León reclamaba "cordura y sentido común" a los alcaldes en un comunicado emitido ayer y les instaba a "paralizar de inmediato" las ordenanzas sobre purines sometidas actualmente a información pública, y a que deroguen aquellas otras que ya están definitivamente aprobadas. "Eso evitará muchos problemas a los ganaderos, así como innumerables reclamaciones y recursos en los Juzgados para los ayuntamientos", advierten.

Por otro lado, recuerdan que si los ayuntamientos no derogan estas ordenanzas que vulneran la legislación de rango superior, "la Junta de Castilla y León debe impugnarlas y poner orden en los consistorios municipales para salvaguardar su propio ámbito competencial".

Desde COAG Castilla y León aseguran que "no queremos contribuir a demonizar a ningún colectivo, pero parce existir en determinados ámbitos un rechazo cada vez menos disimulado hacia la ganadería, a la que consideran molesta y acusan de ser fuente de innumerables problemas", y citan una ordenanza que comienza hablando de la ganadería como una "oleada de actividades": "así se refieren a una ocupación ancestral desarrollada durante siglos en nuestros pueblos", reprochan desde el sindicato agrario.