La organización agraria Asaja ha solicitado a la Junta de Castilla y León que impugne cualquier ordenanza municipal que frene el desarrollo ganadero e invada competencias de otras administraciones, y de forma concreta ha pedido la impugnación de la ordenanza de vertido de purines en Tábara.

Asaja de Castilla y León informó ayer de la petición que ha trasladado al Gobierno regional para que, bien sea en la vía administrativa o en la judicial, impugne la ordenanza que regula el vertido de purines, estiércol y otros residuos procedentes de fuentes de origen ganadero en Tábara.

A juicio de la organización agraria, esa nueva normativa municipal resulta "desproporcionada" y además excede las competencias municipales.

Por ello, Asaja ha pedido que se extienda esa refutación a otras ordenanzas similares que puedan promoverse en otros municipios de Castilla y León.

Señala que "la ordenanza aplica una tasa extraordinaria a las instalaciones anejas a las naves ganaderas instaladas o que puedan hacerlo próximamente en su término municipal.

Esa tasa es para Asaja "desorbitada" y supone además "una usurpación de las competencias" en la regulación de este tipo de explotaciones, cuyas características y funcionamiento está definido en la normativa sectorial nacional y autonómica.

Al respecto, Asaja de Castilla y León ha recordado que la normativa estatal y autonómica sobre este tipo de explotaciones ya es "especialmente restrictiva" con la ganadería intensiva, sobre todo con la de porcino.

Asaja ha dirigido un escrito al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para advertir a la administración autonómica sobre esta suplantación competencial.

Para la organización agraria, lo que este tipo de ordenanzas pretenden es expulsar en la práctica a la ganadería de determinados municipios, en lugar de regularla de una forma sostenible.