El nuevo modelo de organización de la sanidad rural que se pretende probar en Aliste fue ayer objeto de debate en el pleno de las Cortes de Castilla y León. Los distintos grupos políticos coincidieron en la necesidad de reformar la Atención Primaria en Castilla y León, pero discreparon sobre el cómo. Por ello, PP y Ciudadanos invitaron a sumarse a un pacto por la sanidad al PSOE, que los acusó de frenar los cambios que tenían previsto aplicar por la cercanía de las elecciones generales del 10 de noviembre.

El parlamentario de Ciudadanos David Castaño planteó una enmienda 'in voce' que proponía, al igual que había planteado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, un pacto por la sanidad de Castilla y León, con el objetivo de elaborar un análisis "riguroso y real" de las "carencias" y "debilidades", incorporar las aportaciones de expertos y profesionales, así como elementos que permitan la planificación prospectiva.

Según el ponenente de la moción, el socialista Diego Moreno, la pretensión de PP y Cs en la Junta es "retirar al personal médico" de los consultorios locales y advirtió de que si este no es el objetivo debe desautorizar al director general de Planificación, Alfonso Montero, y cesarlo. También rechazó que la propuesta haya surgido del grupo de trabajo creado en la anterior Legislatura y negó que se pueda importar el modelo de Suecia a Castilla y León, porque el país nórdico solo cuenta con unos 290 municipios, el equivalente a los existentes en Burgos.

UPA propone una manifestación

Fuera de las Cortes, el proyecto piloto que se implantará en Aliste también preocupaba a los sindicatos y organizaciones porfesionales agrarias. La Unión de Pequeños Agricultores de Zamora (UPA) anunció que propondrá dentro de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública "una gran manifestación para exigir a la Junta de Castilla y León que deje de jugar con los zamoranos" y pidieron la dimisión de Verónica Casado y del vicepresidente Francisco Igea.

Desde el sindicato de funcionarios CSIF recordaron que cualquier modificación que afecte al personal sanitario "debe negociarse con los sindicatos".